Por: Jorge Roberto Maradiaga
Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial.
No cabe la menor duda que la educación ha entrado en una situación realmente crítica, pues el impacto del COVID-19 ha sido realmente negativo. Cuantos compatriotas sobre todo a nivel primario, han dejado de asistir a clases, justamente por las limitaciones de nuestro sistema educativo al no disponer de la asistencia y recursos requeridos para hacer frente a dicha crisis. Muchos maestros y alumnos no pueden acceder a los centros educativos e infortunadamente no cuentan con el recurso tecnológico, ni acceso efectivo y funcional a Internet.
Los hechos evidencian en forma concreta que el coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en todo el país, con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Obviamente, esto se ha venido evidenciando en muchos países en el contexto global. No obstante, lo anterior, pronto harán clases presenciales.
Pero bien, por lo anterior, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha planteado que, incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social en la región se estaba deteriorando, debido al aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades y un creciente descontento social. En este contexto, la crisis tendrá importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos particularmente la salud y la educación, así como en el empleo y la evolución de la pobreza.
Por su parte, la UNESCO ha identificado grandes brechas en los resultados educativos, que se relacionan con una desigual distribución de los docentes, en general, y de los docentes mejor calificados, en particular, en desmedro de países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar además a población indígena y migrante.
En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas (con o sin uso de tecnología); el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes. Es por consiguiente una necesidad impostergable el proyecto oportunidades para el aprendizaje y la innovación en la educación después de la pandemia.
Personalmente somos del criterio que para hacer frente a la crisis sanitaria, cuya duración ha sido mayor de lo que se había previsto y además con graves efectos económicos y sociales, se necesitan pactos políticos y sociales que se construyan con la participación de una amplia variedad de actores, que permitan universalizar la protección social y la salud, y, sobre todo, que reorienten el desarrollo sobre la base de la igualdad y las políticas fiscales, industriales y ambientales para la sostenibilidad. Los pactos deberán tener por objeto sentar las bases para construir un Estado de bienestar que, entre otros objetivos, asegure el acceso universal a la salud, una fiscalidad redistributiva, un incremento de la productividad, una mejor prestación de bienes y servicios públicos, un manejo sostenible de los recursos naturales, y un aumento y una diversificación de la inversión pública y privada. Hacemos esta relación porque todo ello tendrá un influjo sustantivo en el contexto educativo, tal como lo anhela de principio el pueblo hondureño.
La interrupción del ciclo escolar ha significado una oportunidad en materia de adaptación e innovación de los sistemas de enseñanza, lo que puede significar enormes avances, pero que también puede implicar una acentuación de las brechas educativas preexistentes en la región entre estudiantes de situación más vulnerable y aquellos más aventajados en cuanto a resultados de aprendizaje y otros indicadores educativos, como la progresión y la permanencia en la escuela.
Es un imperativo categórico hacer el cálculo de los costos del sistema educativo nacional y priorizar el gasto, así como garantizar la protección de la educación como un derecho humano fundamental y aprovechar el potencial transformador de la educación, no solo para construir sistemas resilientes sino también para contribuir a la recuperación social. Se debe atender especialmente el riesgo de abandono escolar de los grupos más vulnerables a los efectos de la pandemia y la consecuente crisis sanitaria, social y económica.
Estoy seguro que existe plena coincidencia a nivel nacional, que es preciso un cambio educativo, en el entendido que con ello hacemos referencia a las acciones que en forma concreta y sustantiva se deben aplicar con el objetivo de mejorar la educación, de acuerdo con las necesidades actuales, en concordancia con las limitantes sustantivas en el campo de la salud. Valoramos en todo caso, la decisión de reiniciar la actividad académica en forma presencial.
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