En suspenso desalojo de “Tierras del Padre”

Autoridades gubernamentales y representantes de defensa de los derechos humanos intercedieron ayer para que agentes policiales y un juez ejecutor no desalojaran a familias indígenas asentadas en unos predios en litigio, lugar conocido como “Tierras del Padre”, al sur de la capital.

En ese sector, ubicado entre los municipios de Santa Ana y San Buenaventura, Francisco Morazán, unas 120 familias de la etnia lenca residen hace unos 20 años, aunque las tierras están en disputa legal entre el empresario Mario Facussé, una familia de apellido Lanza y los mismos indígenas.

Facussé alega que compró las “Tierras del Padre” en 1993 y que el terreno fue invadido en 2004. Sin embargo, la tribu lenca posee un título de tierra ancestral que afirman data de 1739.

Ayer en la mañana, un numeroso contingente de la Policía Nacional, llegó hasta esos predios que están ubicados a un costado de la carretera que da acceso al sur del país, a la altura del kilómetro 13 de la carretera CA-4.

PRIMER INTENTO

Los uniformados llegaron acompañados de un juez ejecutor con la intención de aplicar la orden judicial de desalojo. La intención de desalojo creó tensión, temor, rencor entre los pobladores, denominados por las autoridades judiciales como invasores.

Con barricadas humanas, conformadas por niños, mujeres con recién nacidos en brazos, hombres y adultos mayores, los supuestos invasores aseguraban no dejarse desalojar de unos terrenos que consideran suyos.

Los comuneros y pobladores, entre llanto y gritos, exigían y pedían a la Presidenta de la República, Iris Xiomara Castro de Zelaya, que los ayudasen e interviniesen para que no los desalojaran de sus hogares que con mucho sacrificio habían construido en ese lugar.

Una de las pobladoras, de nombre Iris Martínez, llorando rogaba a la mandataria hondureña que “usted es madre, por favor pídales que no nos quiten nuestra propiedad”.

“No vamos a entregar estas tierras, son nuestras, tenemos más de 20 años de estar aquí”, gritaba otra de las presuntas invasoras y miembro de la Comunidad Indígena “Tierras del Padre”.

En sus rogativas, los comuneros amenazaban con estar dispuestos incluso a enfrentarse a la policía, ante la mirada de unos 500 antimotines, que en ese momento de la mañana acompañaban al juez ejecutor.

CON FECHA DEL 2021

Pero minutos antes de registrarse la expulsión, la misión de los uniformados se vio abortada, porque la orden que portaba el juez ejecutor, tenía fecha 9 de febrero, pero del año 2021. El juez ejecutor aclaraba que en la nota había un error de mecanografía y que el desalojo se había reprogramado para la fecha actual (ayer).

Sin embargo, el jefe del comando policial, subcomisionado Carlos Mejía, indicó que en ese momento desistía de realizar la expulsión de los pobladores hasta que no tuviese una orden clara de la misión encomendada por órganos judiciales.

A esta negativa, el juez ejecutor indicaba al jefe policial que “si usted no ejecuta la orden de desalojo tendrá problemas con la justicia”. Por unas horas los antimotines se retiraron de la zona, pero a las 10:00 de la mañana llegaron nuevamente al sector, supuestamente ya con un documento corregido.

En esos momentos, la tensión se apoderó nuevamente entre los pobladores quienes estaban dispuestos a enfrentarse con los policías para no desalojar pacíficamente la zona en discordia.

MINISTRA Y ASESOR

Cuando ya se advertía una batalla campal entre los indígenas y uniformados, al sector llegaron varios funcionarios del gobierno, entre ellos la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque y el asesor de la Presidencia en Atención a Presos Políticos y Sociales, Pedro Joaquín Amador.

Momentos antes Roque había posteado en Twitter que tenía instrucciones precisas de la Presidenta Xiomara Castro de evitar el desalojo, y criticó que “los operadores de justicia continúan en poder de la dictadura”. Por tal razón y mediante un comunicado oficial de la Secretaría de Derechos Humanos se solicitaba al Poder Judicial, para que considerara la existencia del “título ancestral de propiedad sobre el territorio”, para evitar cualquier acción en sentido contrario con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Al consultarle sobre si había intervención en una acción judicial, Roque defendió con la respuesta de “no es injerencia, es de nuestra absoluta competencia, actuamos de acuerdo a la ley y al mandato soberano. Compete a la Secretaría de Derechos Humanos coordinar y asesorar a los Poderes del Estado”.

Así, justificó que un artículo de sus facultades fundamentales, como defensora gubernamental de los derechos humanos, es “monitorear e informar sobre las situaciones de conflicto social de la población y promover la acción de prevención con el ánimo de disminuir o eliminar los conflictos sociales en materia de derechos humanos y mitigar impactos sociales”.

Finalmente, después de intensos cabildeos entre operadores de justicia, representantes gubernamentales y autoridades policiales, más la presencia de los presuntos invasores, las partes pudieron llegar a un acuerdo de suspender la orden de desalojo, hasta que se evacuaran las últimas instancias en los tribunales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Con esa prórroga se evitó que todas las partes involucradas se enfrentaran y hubiese resultados lamentables entre los colonos y autoridades policiales. (JGZ)