PERFILES
Carolina Alduvín
Ahora que, al parecer se ha llegado a acuerdos entre facciones en pugna del partido de gobierno con respecto a la directiva del Congreso, queda por verse, la dinámica entre fuerzas partidarias y las necesarias negociaciones para que las resoluciones parlamentarias tomadas en los días previos cumplan con todos los requisitos de legalidad y legitimidad que impidan su cuestionamiento y anulación en otras instancias, en vista del descontento que comienzan a generar. Por ejemplo, la amnistía para presos supuestamente políticos, pero que tienen cargos por delitos comunes, la posible instalación de la CICIH y la cancelación de las polémicas ZEDE.
En este último asunto, coinciden grupos de casi todas las tendencias y los expertos dicen que lo único que hace falta para que se supriman de derecho, es que se publique en el diario oficial, una resolución de inconstitucionalidad, emitida por la CSJ hace algunos años. Entonces ¿qué pasará haciendo 4 años un comisionado presidencial contra las ZEDE? Si una resolución legislativa válida y una publicación oficial bastan para revertir la ley que las creó. Es lógico pensar que, si la legislación quedara sin valor y efecto, surgirían diversos inconvenientes en las que ya están establecidas, las ventajas competitivas que les han permitido exportar sus productos sin contratiempos, podrían desaparecer y complicar su operatividad y rentabilidad.
¿Es la misión del comisionado resolver tales complicaciones? y permitir que las inversiones que ya generan dividendos, empleos, impuestos, circulación de bienes y personas, demanda de servicios, aceptación entre la población, servicios turísticos, alquileres y reactivación de economías locales, sigan funcionando. Más bien, lo que puede ayudar es la simplificación de los engorrosos trámites y eliminación de las mordidas con que se castiga a quienes toman la iniciativa y riesgos de emprender. La amenaza de posibles demandas multimillonarias en contra del Estado, por incumplimiento de términos que, después de las operaciones legales afectarán a los inversionistas, deben desaparecer mediante hábiles negociaciones. Las declaraciones del comisionado, suenan a todo, menos a conciliación, su deber es propiciarla.
La determinación tomada por diversas corporaciones municipales, podrían eventualmente evitar que se establezcan nuevas demarcaciones, pero igualmente, todos los municipios necesitan de inversiones que reactiven su economía. ¿Por qué no entonces, innovar en modalidades de inversión participativa? Que generen empleos, que agreguen valor a sus productos primarios, que generen impuestos e ingresos, que permitan a las municipalidades proveer los servicios que hasta ahora son deficitarios. No se trata de confrontar y expulsar a quienes eligieron establecerse en nuestro territorio, sino de permitir que se venda la soberanía al mejor postor, sino de facilitar la libre circulación de bienes y personas, conforme a nuestra Constitución y sus leyes. Si de eso se trata la institucionalización de un comisionado, se entiende y se esperan buenos resultados.
Otros funcionarios que lucen supernumerarios y dan la impresión que el cargo se otorga para satisfacer clientelismos, son una tal gestión por resultados/Casa Presidencial, un enlace municipal/Casa Presidencial, que esperamos no solo se constituyan en nidos de activistas. Respecto a un ministro Asesor en Materia de Comunicaciones de la Presidencia, todos conocemos el modus operandi del funcionario nombrado, que le generó grandes simpatías, al grado de considerarse presidenciable, todo parece indicar que el nuevo régimen quiere asegurarse de no ser el nuevo blanco de sus críticas y peculiar estilo de ventilar y asolear los trapos sucios de la gobernante de turno, que viene en combo con parentela, rivales y allegados.
Si el pacto de impunidad recién emitido por el Congreso alterno no juramentado por quien la ley indica, igual sale sobrando el cargo de asistente de la Presidencia en Atención a Presos Políticos y Sociales, a menos que tal funcionario se encargue de colocarlos en alguna oficina y proveerles compensaciones a discreción. Hay una Secretaría de Estado conocida como MiAmbiente y un Instituto de Conservación Forestal que se complementan para labores de reforestación nacional y medio ambiente, ahora asignadas a otro miembro del gabinete de gobierno, en premio al ungido y declaración que los titulares de las respectivas dependencias no tienen capacidad para hacer lo que les corresponde. Otro tanto para el ministro Asesor de la Presidencia en Materia Laboral.
