Lima (AFP). La fiscalía de Perú allanó este viernes las oficinas del Palacio de Gobierno en Lima, en el marco de una investigación por presunta corrupción en contratos de la petrolera estatal Petroperú, y por la que ya hay una pesquisa preliminar contra el presidente Pedro Castillo.
El Ministerio Público anunció en Twitter que la “Fiscalía ejecuta el allanamiento y registro domiciliario con fines de incautación en Palacio de Gobierno y otros 14 inmuebles vinculados a la investigación por el presunto direccionamiento en la adquisición de Biodiésel B100 -a cargo de Petroperú- en favor de la empresa HPO S.A”, iniciales de la peruana Heaven Petroleum Operators.
El operativo incluyó el allanamiento simultáneo de viviendas de funcionarios de Petroperú, que según la Fiscalía “se habrían coludido y/o interesado indebidamente” con el fin de favorecer a la empresa HPO con la adjudicación del contrato de compra del combustible.
La hipótesis fiscal sostiene que la irregularidad se habría dado a través de acuerdos gestados “el 18 de octubre de 2021 en el Despacho Presidencial”.
La presencia de policías y fiscales en la sede presidencial de Perú se inició en la madrugada del viernes y se prolongó durante más de 10 horas, cuando abandonaron la sede del poder Ejecutivo.
Uno de los fiscales presentes, Luis Alberto Medina, declaró brevemente a periodistas que “se recabó información relacionada al caso Petroperú”, e indicó que no se interrogó a nadie, puesto que las personas luego pueden ser citadas por la Fiscalía.
El funcionario no dio más detalles alegando que es información reservada en la investigación.
A principios de enero, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación preliminar por este caso contra el presidente Pedro Castillo, por haber presuntamente intervenido en el proceso de adquisición del biodiesel en favor de la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por el empresario Samir Abudayeh, mediante un contrato por 74 millones de dólares.
Sin embargo, aclaró entonces la Fiscalía, las actuaciones quedan suspendidas hasta que Castillo culmine su mandato de cinco años, en 2026, puesto que el presidente cuenta con “inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal” en Perú.
Para el abogado y expresidente de Transparencia Internacional José Ugaz, este allanamiento “es indicativo de que hay sospechas de involucramiento en actos ilegales en el entorno del presidente Castillo”.
