VÉRTICE
Por: Fernando Berríos
Periodista
Los hondureños, más temprano que tarde, nos debemos ir acostumbrando a las consultas populares porque van a estar a la orden del día.
Y en teoría, nadie debería temer a la consulta porque las grandes decisiones de país deben tomarse según la voluntad del soberano.
Si bien las consultas son buenas, el problema radica en quién las organiza y cómo las organiza. Hay innumerables antecedentes, en América Latina y en el mundo, de consultas mal planteadas, manipuladas o sin garantías de transparencia.
A esto sí deben temer los hondureños, a que la voluntad de las mayorías sea torcida a conveniencia en temas que son muy relevantes para el presente y futuro del país.
Pero más allá de los temores por la transparencia de las consultas, lo que todos los hondureños es ¿qué es lo que se quiere preguntar? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué?
Hay temas que son muy sensibles para la sociedad y por ende, ninguna decisión se debería tomar al respecto si la misma no está basada en la voluntad de las mayorías.
Entre estos temas sensibles, que han generado amplios debates, podemos mencionar el aborto, el uso de la pastilla de emergencia o día después, la eutanasia, la legalización de drogas como la marihuana y para qué fines, el matrimonio y la adopción de niños entre personas del mismo sexo, la laicidad en la educación y la lectura de la Biblia en las escuelas y colegios.
Pero también hay otros temas de corte eminente político como la reelección presidencial, los requisitos para ser presidente o presidenta de la República, la reducción de diputados, el rol de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el sistema de gobierno, entre otros.
Además, hay temas que si bien son importantes, no se pueden llevar a consulta popular porque pueden poner en riesgo el funcionamiento del Estado. Entre estos temas podemos mencionar los relativos a la política fiscal del Estado y de los municipios, los pagos de servicios públicos, tasas, cargos y sobrecargos.
Imagínese usted una consulta para preguntarle al soberano si deben reducirse o no los impuestos en Honduras. La respuesta está por demás contestada con un rotundo sí.
De lo anterior deducimos que, quienes organicen las consultas, deben ser sumamente responsables, diáfanos, transparentes, en lo que consulten.
Al fragor de lo expresado por la Presidenta de los hondureños, han surgido voces que ven con recelo los llamados a las consultas populares.
La Presidenta ha sido enfática en su discurso en torno a las consultas. Lo dijo el 28 de noviembre, cuando se proclamó ganadora y fue aún más contundente en su discurso de toma de posesión.
El 28 de noviembre dijo: “Vamos a iniciar un proceso en toda Honduras para garantizar una democracia directa, vamos a las consultas populares, para gobernar a través de gobiernos locales, alcaldes, diputados y diputadas del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo”.
Y el 27 de enero, en el estadio nacional, durante su toma de posesión, dijo:
“Refundar es más que un verbo, es una misión imprescindible e irrenunciable con la que debemos estar comprometidas a causa del mandato directo del pueblo”.
“El gobierno no va estar solo, sino que acompañado de la voz y la opinión del pueblo a través de las consultas populares”.
“Convoco desde ahora al pueblo hondureño y solicito al Congreso Nacional que apruebe la ley para la participación ciudadana para las consultas”.
“No podemos estar atados a que tengamos que obtener 86 votos que sustituyen la voz del pueblo y que no nos permite hacer consultas”.
Y como parte de las 22 propuestas que marcaron su agenda de gobierno, en el número 18 dijo:
“Este año 2022 se debe garantizar la realización de la primera histórica y transparente consulta popular sobre reformas constitucionales”.
Ahora, los hondureños estamos al pendiente de saber cuáles serán esas reformas a la Constitución que se buscará aprobar vía consulta. Es imprescindible que todos los hondureños, todos los sectores y fuerzas vivas, tengan información suficiente sobre esta pretensión.
De antemano, sabemos que la Constitución contiene enormes vacíos que deben ser corregidos, de manera que no se preste nunca más a decisiones e interpretaciones antojadizas.
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