¡Zozobra en las “Tierras del Padre”!

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11 de febrero de 2022
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05:25 am
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¡Zozobra en las “Tierras del Padre”!

El miércoles anterior, unas 120 familias estuvieron a punto de enfrentarse en una batalla campal para no ser desalojadas por agentes antimotines.

Un día después de estar a punto de ser desalojadas de unas propiedades en litigio, unas 120 familias descendientes de la etnia lenca amanecieron ayer en zozobra ante la amenaza de ser expulsadas de las denominadas “Tierras del Padre”, ubicadas al sur del Distrito Central, Francisco Morazán.

Los pobladores afirmaron estar asentados desde hace unos 20 años en esa zona boscosa, entre los municipios de Santa Ana y San Buenaventura, Francisco Morazán.

Sus tranquilas vidas se vieron alteradas, el miércoles anterior, a eso de las 6:00 de la mañana, cuando un contingente de agentes antimotines, acompañados de un juez ejecutor, procedieron a desalojarlos porque supuestamente están asentados en tierras privadas.

Un cruento choque se preveía entre decenas de miembros de la denominada Comunidad Indígena Lenca “Tierras del Padre” y los antimotines. Afortunadamente, al sector se hicieron presentes autoridades gubernamentales y de Derechos Humanos, evitando una batalla campal entre colonos y fuerzas del orden.

El presidente del Consejo Indígena Lenca, Pedro Celestino Lagos, aseveró que junto a su familia y otros clanes están asentados en ese sector hace unos 20 años y la mayoría nacieron allí, aunque han estudiado, trabajado y radicado desde su infancia a adultez en Tegucigalpa y Comayagüela.

En la comunidad indígena lenca ya hay instalada una escuela para impartirle educación a unos 80 niños.

“NO SOMOS INVASORES”

El dirigente comunal indicó que la mayoría de familias que ahora viven en “Tierras del Padre”, regresaron a esa zona, pese a que habían emigrado por necesidad a la periferia capitalina, siempre buscando asentarse en las tierras que les heredaron sus ancestros indígenas.

“Por autodeterminación nosotros podemos ser lencas, siempre y cuando adoptemos las costumbres y todos nosotros las hemos adoptado”, indicó al citar varios artículos de los derechos humanos y de la autodeterminación de los pueblos.

“Tenemos una personería jurídica que el gobierno nos aceptó como lencas y desde el momento que el gobierno nos aceptó así, nos tienen que tratar como lencas”, manifestó.

Lagos dijo que muchas personas les dicen que no son indígenas, “nos tildan como invasores, pero exigimos que nos comprueben que somos invasores”, planteó.

Los comuneros ayer continuaban sus labores agrícolas, con las cuales dan sustento a sus humildes familias.

“A mí que me lo comprueben que soy invasor, yo desde niño emigré a trabajar a la capital, pero regresé a mis tierras y mi abuelo está enterrado en San Buenaventura, mi padre enterrado en Santa Ana, por lo tanto, tengo derecho a estas tierras lencas”, afirmó.

Bajo este panorama, pobladores de las “Tierras del Padre”, ayer dijeron estar asustados por su situación en los predios que sostienen heredaron de sus antepasados.

Los comuneros indígenas lencas afirmaron tener un documento extendido por la Capitanía General de Guatemala, en tiempos de la colonia.

La tensión comenzó desde el momento en que conocieron que hay una orden ejecutoria para ser desalojados de esas tierras, supuestamente propiedad de la empresa Inmobiliaria “Siglo XXI”.

Por instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro, al sitio llegaron la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, y el comisionado en asuntos sociales, Pedro Joaquín Amador, quienes mediaron para evitar el cruento desalojo.

“COMPRÉ PREDIOS”

Por su parte, el empresario Mario Facussé también afirmó ser dueño de las tierras, ya que “compré esos predios desde hace más de 12 años, pero fueron invadidos y por ello se han mantenido en litigio en los tribunales de la República”.

De acuerdo con la orden ejecutoria, se trata de 322.76 manzanas de tierra. Facussé, aseguró que “yo he ido como cuatro veces para ver de qué manera llegamos a un arreglo, pero ni siquiera me dejan entrar”, a los predios en litigio.

“He estado en disposición de poder servir, pero ni siquiera me han dejado pasar”, enfatizó.

El empresario dijo que la propiedad tiene un diseño para construir unas 10,000 viviendas y que por la situación legal en que se encuentra no se ha podido ejecutar el proyecto, algo que repercute en el desarrollo del país.

En este contexto, los comuneros y el empresario están a la espera de una respuesta jurídica, cuya orden de desalojo permanece en suspenso. (JGZ)

Algunos preparaban un terreno para recibir el fin de semana una brigada médica y humanitaria, planificada por las Fuerzas Armadas.
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