El saqueo del gobierno anterior llegó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) con la “fuga” de 236 millones de lempiras de las arcas de esta institución, supuestamente para la marienda escolar, a pesar que no hay clases desde hace dos años por la pandemia del coronavirus, según documentos en poder de LA TRIBUNA.
Los fondos fueron retirados a mediados de noviembre del año pasado en partidas de 3.3, 17.2, 33.0, 50.6 y 131.5 millones de lempiras con el conocimiento del sindicato de esa institución que, curiosamente, se ha llamado al silencio.
Todo apunta a que los fondos fueron destinados a la campaña política del Partido Nacional o fueron a parar a los bolsillos de particulares, según la documentación a la vista de este rotativo y que habría sido recogida por la comisión de transición que nombró la Presidenta de la República, Xiomara Castro, para los cien días de su gobierno.
“Emitir cheque en concepto de transferencia en cumplimiento al decreto PCM 13-2017, PCM 27 guion 2017, PCM 46-2019 y PCM 121-2021 del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la pobreza extrema, los cuales serán transferidos a la línea presupuestaria Merienda Escolar del Fondo Rotatorio de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDIS), según solicitud mediante oficios cfp 53 56 y 5720 XXI, documentación adjunta”, reza el memorándum para el primer desembolso de 50.6 millones de lempiras con fecha del 16 de noviembre del 2021. En iguales términos se ordena el retiro de las otras tres partidas arriba mencionadas del Banco Central de Honduras (BCH).
HOSTIGAMIENTO LABORAL
Sobre este particular, varios empleados de la institución elevaron las quejas por la atipicidad de las transferencias ante la dirigencia del sindicato, quienes, en vez de perseguir el rastro del dinero comenzaron desde entonces una cacería en contra de los denunciantes.
Dado este ambiente hostil, los empleados perseguidos interpusieron las denuncias respectivas ante el Ministerio del Trabajo. “Es sospechoso por qué el sindicato no ha protestado por la salida de los 230 millones de lempiras transferidos en noviembre para merienda escolar cuando no hay clases presenciales y en período de vacaciones escolares”, dice uno de los denunciantes ante el Ministerio del Trabajo.
Sumado a las denuncias mencionadas anteriormente, la nueva administración se encontrará con otro problema ya que en el PANI funciona un fondo de previsión social el cual el PANI paga un 10% sobre el total de la plantilla, incluidos algunos jefes, que no gozan de jubilación y quienes están preparándose para enfrentar esta discriminación.
Los denunciantes se preguntan además “por qué estas actas que significan erogaciones millonarias para el PANI no son subidas al portal de transparencia de la institución y por qué en vez de dedicar tiempo valioso a levantar las deterioradas finanzas de la institución, lo dedican al hostigamiento de los trabajadores”.
Según las quejas, la directora ejecutiva valora más el asesoramiento de la junta directiva del sindicato que de la Unidad de Asesoría Legal del PANI.
LISTA NEGRA
Los empleados denuncian al mismo tiempo que el sindicato es el que promueve ascensos, traslados y aumentos los cuales en la mayoría de los casos son por afinidad. Además, el reglamento interno en su artículo 97, inciso C, prohíbe establecer listas negras, pero curiosamente es el sindicato que las establece.
Agregan los denunciantes que el SITRAPANI ha sido un crítico de las dictaduras y antidemocracia, pero la mayoría de los directivos tienen más de 15 años de ostentar sus cargos porque no permiten votaciones secretas y de esta manera intimidan a sus afiliados que voten por la reelección de los mismos.
A raíz de los reclamos hechos por varios afiliados sobre acta firmada en octubre del 2021, el sindicato expulsó a algunos de ellos por solicitar que no les violenten sus derechos.
Los entrevistados solicitaron al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) iniciar de oficio una auditoría al Fondo Social ya que el Estado hace un aporte a dicho fondo. Además, piden a la Secretaría de Gobernación a participar en esta auditoría del SITRAPANI y verificar su actuar lo mismo que la Fiscalía y el Comisionado de Derechos Humanos a fin que en las asambleas de marzo del 2022 se pueda hacer la elección de la junta directiva por medio de voto secreto. Para coronar las irregularidades, en las actas firmadas en octubre trasladaron a unos directivos a otros departamentos con miras a incrementos salariales en un futuro cercano. (EG)
