CN, política y legalidad

MA
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15 de febrero de 2022
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12:21 am
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Juan Ramón Martínez

Solo los anormales o los perversos, pueden desear que fracase el gobierno de Xiomara Castro. El que estemos en los últimos lugares del mundo, pese a que tenemos recursos enormes que nos hemos sabido aprovechar; y que, no nos han gobernado los mejores, confirma que los gobiernos que hemos tenido, la mayoría, han fracasado. De modo que, para revertir la tendencia, necesitamos cooperar todos. Los gobernantes, imaginando alternativas, aplicando medidas y rectificando lo que se ha hecho mal. Es decir, aprendiendo de lo que se ha hecho en el pasado y extrayendo las lecciones que permitan efectuar las correcciones correspondientes. Claro, además de esto, que es puramente material, es necesario un cambio de actitud en los gobernantes y en los gobernados. Los primeros tienen que entender que la justificación en el poder, ya no reside en las cifras electorales, sino en la calidad de los resultados de sus acciones para producir bienestar y felicidad a los gobernados. Y estos, volverse cooperativos, porque, al fin y al cabo, quien gobierna requiere el apoyo de todos y por ello, debemos reducir el número de mirones, para comprometernos todos -cada quien haciendo lo suyo- para que los gobernantes tengan éxito. El éxito es predecible. En deportes se han desarrollado algoritmos que pueden predecir, en 0.04 segundos, por ejemplo, desde el momento en que un jugador dispara, si el golpe a la pelota, la llevara a la puerta, convirtiéndose en un gol. En política es igual de previsible. Por ello, quienes criticamos, hacemos lo nuestro, porque gobernar no es obtener complacencias por las canonjías y tratamientos del mando, sino que obtener buenos resultados.

Hay conceptos elementales. Si se hacen las mismas cosas, en igualdad de circunstancias, se obtendrán los mismos resultados. Y quienes no aprenden de sus errores, rectificando humildemente, están llamados a fracasar. Recuerdo que cuando Carlos Roberto Reina era nuestro profesor en Derecho Internacional Privado, mientras estudiábamos el Código Bustamante, pedí la palabra para celebrar la capacidad negociadora de los firmantes salvadoreños que en un juego dialéctico que me parecía para entonces increíble, aceptaban y no aceptaban, la normativa continental. El profesor Reina creyó que lo cuestionaba y se disgustó de forma que, mis compañeros empezaron a reírse porque estuvo a punto de entrar en un ataque de nervios. Por talentoso, se dio cuenta que estaba por hacer el ridículo. Se volvió y me dijo: por qué no empezamos de nuevo, me presenta sus argumentos y reiniciamos la discusión. De esa manera, le quitamos pasión a las posturas; y fácilmente, concluimos que tenía razón y que no buscaba, poner en duda su calidad de experto en el tema.

La anécdota es válida para la problemática en que está el Congreso Nacional. Para resolver el conflicto, hay que volver al principio. En derecho las cosas se rectifican, como se hicieron. Y las rectificaciones correctas, son las que vuelven al principio, parten de cero y evitan los errores cometidos en el primer intento. Y, además, hay que diferenciar la política -que es el arte de lo posible, de la fluidez de las negociaciones y de las habilidades de los negociadores- del derecho que es un conjunto de normas y protocolos que, se tienen que realizar, porque de lo contrario los resultados serán inexistentes. Para ello, el principio, además de diferenciar una materia de la otra, es fundamental tener presente que lo político no está sobre lo jurídico, que la función jurisdiccional es de los tribunales y que la acción del Congreso Nacional es crear las normas, pero dentro del respeto a la Constitución.
En conclusión, la directiva actual del Congreso es, ilegal. Debemos legalizarla. Para ello, la directiva de Jorge Cálix, que políticamente renunció a sus pretensiones, debe hacerlo ante el Congreso de forma expresa y los diputados, elegir la nueva junta directiva que puede ser la misma, si así lo determinan los diputados. La segunda cuestión es que, siendo ilegal la directiva, todas las decisiones y leyes emitidas, son ilegales. Para revertir tal situación, no hay que recurrir al concepto de los hechos consumados, sino volver atrás. Y desde cero, cumpliendo la Constitución, volverlas legales. Simple y elemental.

¿Es mucho pedir que, como los políticos, los diputados renuncien a la soberbia; ¿y humildemente, reconozcan que se equivocaron y que están dispuestos a rectificar? ¿Y todo por la patria?

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