Washington, EE. UU. (EFE). La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este viernes ocuparse de un intento del gobierno del presidente Joe Biden por poner fin a la política de su predecesor Donald Trump por la cual decenas de miles de migrantes han sido enviados a aguardar en México el desarrollo de sus solicitudes de asilo.
Trump instauró los llamados Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, en inglés), política informalmente conocida como “Quédate en México”, a principios de 2019, obligando a que los extranjeros que llegan a la frontera pidiendo asilo aguarden el curso de sus trámites en la nación latinoamericana.
Poco después de llegar a la Casa Blanca, en enero de 2021, Biden rescindió esa política, pero el juez federal Matthew Kacsmaryk, en Texas, dictaminó que el gobierno federal violaba la ley de inmigración y no había explicado de manera adecuada sus razones para cancelar los MPP.
En cumplimiento del mandato judicial, la administración de Biden reinstauró la política en diciembre pasado luego de negociar su aplicación con el gobierno mexicano, pero apeló a la Corte Suprema para que emita una decisión definitiva.
Los críticos de los MPP sostienen que la política viola las leyes estadounidenses e internacionales que amparan a quienes buscan asilo y deberían ser aceptados en el país hasta una audiencia ante un tribunal de inmigración.
Asimismo, quienes abogan por los inmigrantes han indicado que esos solicitantes de asilo se quedan en campamentos en la frontera mexicana, en condiciones sanitarias precarias y expuestos a la violencia de bandas criminales.
En agosto pasado la Corte Suprema rechazó la solicitud de Biden para que se suspendiera el dictamen del juez Kacsmaryk mientras continuaba el litigio.
Aunque el proceso continúa en el ámbito del Poder Judicial, el caso tiene claras connotaciones políticas: los cuatro jueces de instancias previas que han dado fallos negativos para el gobierno de Biden, incluido Kacsmaryk, fueron designados por presidentes republicanos.
Las audiencias para escuchar los argumentos de ambas partes ocurrirán en abril y se espera una decisión antes de que concluya este período de sesiones del Supremo en julio.
La decisión del máximo tribunal de aceptar para revisión el caso fue recibida con beneplácito por organizaciones defensoras de los inmigrantes.
