MIAMI — El gobierno del presidente Joe Biden estudia la posibilidad de expulsar a Nicaragua de un rentable pacto regional de libre comercio —o asignar su valiosa cuota de azúcar a otro país centroamericano— en represalia por la represión a la oposición política desatada por el presidente Daniel Ortega, según un funcionario estadounidense.
Aún se analiza el impacto de la medida y no se ha tomado la decisión, dijo el funcionario, que habló bajo la condición de anonimato por tratarse de discusiones internas, pero cualquier medida que afecte miles de millones de dólares anuales en el comercio con Estados Unidos sería un golpe grave a la elite empresarial del país centroamericano, que ha permanecido generalmente en silencio durante la ola represiva creciente.
“El sector privado nicaragüense debe tomar una decisión”, afirmó Eddy Acevedo, hijo de inmigrantes nicaragüenses y directivo del Centro Woodrow Wilson en Washington. “O siguen siendo cómplices de este régimen déspota que tiene las manos manchadas de sangre o se colocan junto al pueblo de Nicaragua, que anhela la libertad y la democracia”.
Semejante patriotismo económico sería difícil de encontrar, dado que varios líderes empresarios están entre los presos.
Nicaragua viene realizando juicios que según Estados Unidos son farsas judiciales contra los activistas antigubernamentales encarcelados desde antes de las elecciones del año pasado. Con la oposición imposibilitada de competir, Ortega ganó fácilmente un cuarto mandato consecutivo. Hasta ahora todos los acusados han sido condenados a prisión.
La respuesta de Biden a la inclinación autoritaria de Ortega ha sido hasta ahora la de sancionar a individuos del círculo íntimo y la familia del presidente para quitarles acceso a Estados Unidos.
La expulsión del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (conocido como CAFTA por sus siglas en inglés), firmado en 2004, privaría al gobierno de Ortega de ingresos importantes por exportación e inversión extranjera. Nicaragua es el único país del CAFTA que tiene superávit comercial con Estados Unidos, que alcanzó el año pasado 2.500 millones de dólares, 20% de su PIB. El más afectado sería el sector textil, cuyos productos llegan a muchos minoristas estadounidenses.
Sin embargo, no es fácil expulsar a Nicaragua del pacto.
CAFTA es un tratado internacional ratificado por siete naciones. No tiene un mecanismo de expulsión, de manera que cualquier intento de acorralar a Ortega requeriría que los vecinos de Nicaragua y República Dominicana, uno de los firmantes, se retiraran del pacto y negociaran uno nuevo en el que volverían a surgir otros reclamos, como los subsidios a la agricultura estadounidense y el impacto sobre los negocios en la Unión.
Además, los acuerdos de libre comercio negociados por Estados Unidos no suelen incluir las llamadas cláusulas democráticas como la que invocaron Argentina y Brasil en 2012 para suspender a Paraguay del pacto Mercosur tras el apresurado juicio político al entonces presidente Fernando Lugo.
“Sin duda sería caótico”, admitió Eric Farnsworth, negociador comercial durante la presidencia de Bill Clinton y ahora vicepresidente del Consejo de las Américas, financiado por empresas estadounidenses que tienen negocios en Latinoamérica. “Pero enviaría el mensaje correcto al sector privado de mantenerse alejado de Nicaragua”.
Una alternativa menos complicada, según Farnsworth, sería que Estados Unidos se niegue a comprar ciertos productos con el argumento de las sanciones. Esto obligaría a Ortega a iniciar una demanda para que se respeten los términos del acuerdo, dando lugar a un proceso largo y costoso.
La otra opción en estudio, la de asignar la cuota azucarera de Nicaragua a otro país centroamericano, le quitaría lo que es en esencia un subsidio estadounidense de millones de dólares anuales.
Farnsworth recalcó que sancionar a una industria como la azucarera, que requiere tal cantidad de mano de obra, podría causar rencor contra Ortega en el campo nicaragüense, donde se libró en la década de 1980 una sangrienta guerra civil entre el ejército sandinista de Ortega y la Contra, respaldada por Estados Unidos.
Escoger el azúcar sería una manera de movilizar a Carlos Pellas, el hombre más rico de Nicaragua y dueño de la productora más grande de azúcar. Pellas fue uno de los firmantes de una carta abierta de los empresarios tras las protestas antigubernamentales de 2018 en la que se pidió a Ortega que adelantara las elecciones.
Pellas advirtió que el modelo económico del país estaba en quiebra, pero ha permanecido al margen, al menos públicamente, desde que Ortega empezó a reprimir en serio. Sin embargo, su familia sufrió grandes expropiaciones bajo Ortega en la década de 1980 y podría temer una repetición.
Ortega ha enviado un mensaje claro a las elites económicas que pudieran pasar a la oposición. En junio, la policía arrestó a dos empresarios prominentes y en octubre al presidente y vicepresidente de la principal cámara empresaria, a quienes acusaron de lavado de dinero, atentar contra la independencia del país e incitar a la intervención extranjera, entre otros cargos.
Las acusaciones eran similares a las presentadas contra la oposición política.
Poco antes de la elección de noviembre, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que da al gobierno más herramientas para presionar a Ortega. Entre otras disposiciones, se requiere a la Casa Blanca que revise la participación de Nicaragua en el CAFTA. También pidió un informe sobre los vínculos de seguridad entre Rusia y Nicaragua, que se debe presentar hacia fines de este mes.
Manuel Orozco, un experto en Nicaragua en la organización Inter-American Dialogue, dijo que el gobierno de Ortega ya ha violado varias disposiciones del acuerdo comercial, sobre todo en materia laboral.
Pero advirtió que desarmar el CAFTA podría ser contraproducente y beneficiar a Ortega, quien podría tratar de volver a imponer aranceles sobre bienes importados estadounidenses y achacar a Biden el aumento de los precios al consumidor.
“Es una espada de doble filo”, reconoció Orozco. “Si tratan de desmantelar el CAFTA, esto podría significar mayores ingresos para el gobierno nicaragüense”. AP
