Empieza primer juicio contra expresidente en Perú
(LASSERFOTO EFE)
Lima (EFE). El expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, afrontan desde este lunes el inicio del juicio oral en Perú por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2006 y 2011 por parte de la empresa brasileña Odebrecht y el gobierno venezolano de Hugo Chávez.
Después de siete años del inicio de la investigación fiscal, Humala y su esposa, su principal colaboradora durante su gobierno, afrontarán el primer juicio oral contra un expresidente peruano en el marco del escándalo de corrupción Lava Jato, extendido a una docena de países latinoamericanos.
Así como Humala, son investigados en Perú los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), pendiente de su extradición de Estados Unidos; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en prisión domiciliaria desde hace cuatro años.
La Fiscalía también cercó con sus pesquisas al expresidente Alan García (2006-2011) y cuando se disponía a detenerlo en su casa de Lima en 2019, el exmandatario se suicidó de un disparo en la cabeza.
En Perú, la constructora Odebrecht reconoció haber sobornado a altos funcionarios entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes obras públicas y además financió presuntamente de manera irregular las campañas de numerosos excandidatos, como la derechista Keiko Fujimori.
La apertura del juicio oral contra Humala ha sido convocada para el lunes 21 de febrero por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la jueza Nayko Coronado e integrado también por los magistrados Raúl Caballero y Max Vengoa.
En su acusación, el fiscal anticorrupción Germán Juárez, quien lleva una investigación abierta inicialmente en 2015, ha solicitado 20 años de cárcel para Humala y 26 años de prisión para Heredia por no declarar millonarias donaciones con las que financiaron las dos primeras campañas electorales del exmandatario.
De acuerdo con la tesis del fiscal, en 2006 el dinero vino presuntamente del fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez (1999-2013) y en 2011 recibieron supuestamente 3 millones de dólares de la constructora Odebrecht por orden del Partido de los Trabajadores de Brasil, del expresidente Lula Da Silva (2003-2010).
Durante el tiempo que duró la investigación, el exmandatario y su esposa pasaron casi diez meses en prisión provisional separados en distintas cárceles entre julio de 2017 y abril de 2018, hasta que el Tribunal Constitucional ordenó su puesta en libertad por considerarla una medida excesiva.
Una vez en libertad, Humala y Heredia tuvieron que afrontar el embargo de su vivienda y, con ello, la incautación de sus muebles como medida preventiva para asegurar el cobro de una indemnización a favor del Estado en caso de que fueran condenados a un juicio que estaba aún lejos de comenzar.
