Managua, (EFE).- La defensa del nicaragüense Edgard Parrales, de 79 años, un antiguo sacerdote diocesano defensor de la teología de la liberación acusado de “incitar a la violencia”, pidió al juez el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliar bajo el argumento de que su vida corre peligro, informó su abogado.
En un escrito dirigido a la jueza del caso, el abogado Noel Alonzo Cano, defensor de Parrales, solicitó “con carácter de urgencia que se atiendan las recomendaciones emitidas por los médicos tratantes de su defendido”.
“Las constancia médicas reflejan que mi defendido presenta un cuadro de afectaciones médicas que requieren de atención médica especializada, exámenes médicos específicos y una dieta balanceada para evitar complicaciones digestivas”, afirmó.
“Y sumado a la edad de mi representado, requiere sin duda un trato carcelario más humano que le permitan evitar complicaciones severas en su salud y que podrían, en caso de no atenderse, desembocar en grave lesión a la integridad física y hasta la pérdida de la vida de mi defendido”, advirtió.
El abogado explicó que, por esas razones, solicitó a la jueza Karen Chavarría, titular del juzgado noveno de distrito penal de audiencias de Managua, “gire el oficio a la autoridad policial competente” para que “se le brinde la condición carcelaria que corresponde y la atención médica respectiva” al exsacerdote.
Parrales, que se encuentra privado de libertad desde el 22 de noviembre pasado, fue embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ministro de Bienestar Social durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), que también encabezó el actual mandatario Daniel Ortega.
Es el único religioso que continúa con vida de los cuatro sacerdotes que el papa Juan Pablo II suspendió “a divinis” en 1984, junto con el poeta trapense Ernesto Cardenal, el educador Fernando Cardenal, y el excanciller sandinista Miguel D’Escoto, por adscribirse a la teoría de la liberación, suspensión que fue levantada en 2014.
La Justicia nicaragüense envió a sus casas, bajo custodia policial, a tres dirigentes opositores acusados por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, entre ellos Arturo Cruz, que aspiró a ser candidato a la Presidencia de Nicaragua en las elecciones pasadas, informó el Ministerio Público.
Los beneficiados con el cambio de régimen carcelario a domiciliar son, además de Cruz, de 68 años, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, y el exvicecanciller José Bernard Pallais Arana, de 68 años, indicó el Ministerio Público, que alegó razones de salud y humanitarias.
