Por: Abog. Octavio Pineda Espinoza
Catedrático Universitario. Político Liberal.
En la doctrina constitucional y democrática, el Congreso es, de los órganos esenciales del Estado que equivocadamente llamamos poderes, diferenciación que me enseñó mi maestro Efraín Moncada Silva (Q.D.D.G.), el que más legitimidad tiene porque se conforma con representantes o diputados electos en una elección supuestamente libre, transparente y directa, es decir, los diputados tienen legitimidad de origen dependiendo del resultado y en el derecho hondureño de las marcas y del proceso matemático llamado cociente electoral.
El órgano legislativo tiene 128 diputados propietarios con sus suplentes, para determinadas decisiones hay una mayoría simple y para otras, mayoría calificada, en nuestro caso la simple son 65 diputados y la calificada 86 votos de los diputados presentes en el recinto del Poder Legislativo después de establecido el quórum de inicio, además los diputados tienen como obligación constitucional, la de legislar, elaborar leyes y no, como sucede en nuestro país, la de gestionar puestos o cargos, distribuir subsidios para esto o para aquello, para eso existe otro órgano esencial del Estado llamado Poder Ejecutivo así que, el tan famoso Fondo de Desarrollo Departamental es inconstitucional e ilegal y además es el que se ha prestado para tanta corrupción en el Legislativo, lo que mi padre llamaba el “tilín, tilín”, la legislación, nos señala el Diccionario de la Real Academia de la Lengua es el “conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un Estado, o una materia determinada”, legislas señala “es hacer o establecer leyes”, así que queda clara la función para la que votamos y elegimos legisladores y la necesidad de eliminar el Fondo de Desarrollo Departamental.
La mayoría en Honduras votó por un cambio en las formas y antiguas acciones de hacer las cosas, sin embargo, muy a mi pesar, el actual Congreso Nacional ha seguido cometiendo los viejos errores del pasado. En primer lugar, y piénselo usted, elegimos diputados con capacidad para legislar, por lo tanto, es una afrenta para el pueblo que, diputados electos se conviertan en secretarios de Estado, no fueron electos para eso y con el perdón de algunos de ellos que se dan baños de pureza y que señalan ser correctos, no lo son, desde el momento que el ciudadano los elige para ser diputados les ha dado un mandato que es el de ser legisladores y no, funcionarios de gobierno y, el hecho de que, en el pasado se hizo o se ha hecho así no implica que esta nueva administración, que basó su campaña en la legalidad y en ser diferentes, tiene que hacer lo mismo, por lo tanto, me disculpará el nuevo secretario de Estado en los Despachos de Salud por ejemplo y otros diputados electos que han asumido carteras ministeriales, pero infringen la ley y sobre todo la ética que tanto pregonan respetar.
Dicho lo anterior, ha sido triste ver el espectáculo de lucha de poder entre dos directivas del Congreso, ambas conformadas desde mi punto de vista jurídico, con vicios de nulidad, razón por la cual mencioné en los medios que, un problema político debía resolverse políticamente y que, no había que involucrar a la CSJ a través de la Sala de lo Constitucional que, de acuerdo a la Ley de Justicia Constitucional solo tiene facultades para resolver conflictos entre los poderes del Estado y no, un conflicto interno del Poder Legislativo, la Sala inusualmente, hizo lo correcto, al rechazar sendos recursos presentados por ambas directivas.
Debo señalar como dice Jean Cocteau “No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría” y mucho menos la verdad legal, de ahí el peligro que, en una democracia, republicana, democrática y representativa como la hondureña, se utilice el argumento que esto o aquello es lo que quiere la mayoría, en particular cuando el término mayoría es relativo, si lo vemos desde el punto de vista electoral hay que indicar que, en nuestro país somos 9 millones y medio de personas, de los cuales solo 5 millones 600 mil personas están en el nuevo padrón electoral del cual, en las elecciones de noviembre no votaron todos, apenas como votos efectivos fueron 3,301,672 distribuidos así: Xiomara:1,716,793. Asfura:1,240,260. Yani:335,762 y Benítez sacó:8,857, o sea que la diferencia entre los dos primeros fue de 476,260 votos, que en términos reales representan una minoría del pueblo hondureño, de ahí la importancia de aprobar prontamente la segunda vuelta electoral para que los mandatarios tengan mayor legitimidad de origen.
En el CN el asunto fue peor, por primera vez en la historia de Honduras, el partido ganador del proceso en el nivel presidencial no tiene mayoría en el nivel diputadil, Libre tiene 50 curules, el PN 44, solo 6 menos, el Partido Liberal, a pesar de la peor derrota de su historia, 22 y el PSH 10, Democracia Cristiana 1 y PAC 1 y es este resultado el que motiva el conflicto en el Congreso y, lejos de creer personalmente que Luis Redondo debía ser el presidente del órgano legislativo como al final es, mi preocupación es lo que va a pasar de aquí en adelante por todo lo que vimos en esta crisis, será “Mel” Zelaya, quien no fue electo a ninguna posición la persona legalmente autorizada para resolver e intervenir en estos conflictos?, se busca con esto justificar una ANC que sería el peor error político de Xiomara y qué papel juega la Presidenta? Porqué no la vemos por ningún lado?, la doctrina, la práctica y la Constitución son claras y asigna funciones, competencias y relaciones entre los poderes, no podemos cambiar una dictadura de derecha por una de izquierda.
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