Vicente Mejía Colindres a Carías Andino: “DESEO QUE EN ESTE CARGO SEAS MENOS INFORTUNADO QUE YO”
Por: Juan Ramón Martínez
I
El ejercicio de la venganza de sus enemigos, en contra de los exgobernantes, no es cosa nueva en la historia de Honduras. Joaquín Rivera Bragas, exjefe de Estado, fue fusilado en 1845 por sus enemigos, porque representaba un peligro por sus posturas liberales morazanistas. Tres años antes, Francisco Morazán había sido fusilado por sus enemigos en San José de Costa Rica. José María Medina, fue engañado por los dos gobernantes -de El Salvador, mariscal Gonzales y general Barrios de Guatemala- con un viaje a París, a cambio que delegara el poder en Marco Aurelio Soto y dejara de provocar levantamientos en contra del nuevo gobernante. Como se volviera exigente para que le cumpliera el ofrecido viaje a París, fue capturado, encausado y fusilado en Santa Rosa de Copán. A su vez, Marco Aurelio Soto, cuando perdió la simpatía del presidente de Guatemala, general Rufino Barrios, fue acusado en carta que se hizo pública entonces, como “el más grande ladrón” que había llegado a la titularidad del Ejecutivo. Para entonces, Guatemala la excapitanía general, hacia el papel que ahora cumplen con respecto al gobernante o exgobernantes, las autoridades de los Estados Unidos. Marco Aurelio Soto acorralado por Barrios que le exigía que formara tropas para un alocado esfuerzo de reconstruir Centroamérica por medio de las armas y afectado en su honor por las acusaciones de su exprotector, salió hacia San Francisco, Estados Unidos, desde donde presentó su renuncia. Un poco tiempo después, el Congreso Nacional, dominado por sus enemigos, constituyó una Comisión para investigar los actos de su gobierno. Uno de los integrantes de la Comisión Investigadora, fue el Lic. Policarpo Bonilla. La Comisión, nunca se puso de acuerdo y no redactó y presentó el informe que le había encomendado. En 1905, Marco Aurelio Soto, regresó a Honduras y se presentó como candidato presidencial. Era la primera vez en que concurrían tres candidatos presidenciales a la contienda. Ocupó el último lugar de las preferencias del electorado. Durante toda la primera mitad del siglo XX, el sistema legal, no procedió en contra de ningún exgobernante. Carías, Gálvez y Lozano, no fueron acusados de ningún delito. Ramón Villeda Morales, presidente de la República que estaba por cumplir su período de seis años gobernando el país, fue capturado y expulsado en un avión, sin esposas, a Costa Rica. Igual ocurrió, el 28 de junio del 2009, con Manuel Zelaya Rosales que, después de un juicio sumario de la Corte Suprema de Justicia, fue expulsado Costa Rica, sin “esposas”, aunque dijeron, sin pruebas suficientes, que en pijama. Los actos de los militares, durante el período que fueron el eje del poder -entre 1963 y 1980- no fueron cuestionados. Más bien la Asamblea Nacional Constituyente, aprobó todas las acciones de los diferentes gobiernos en que ellos habían sido responsables y eligieron a un militar que había facilitado la transición del militarismo a la democracia, Policarpo Paz García, como Presidente Constitucional Provisional. Se aceptó incluso el escándalo de López Arellano en 1975. En aquella oportunidad, Osvaldo López Arellano, fue destituido por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas del cargo de Jefe de Estado y Comandante de las Fuerzas Armadas. Aunque obligado a mantener silencio y estar tranquilo en su casa, porque seguía activo en las Fuerzas Armadas, los delitos que le fueron imputados. A Carlos Roberto Reina se le enjuicio, mientras ejercía el Ejecutivo, por una decisión propia de su cargo; y se le condenó a una multa de 30,000 lempiras. Los liberales levantaron una contribución para honrar la misma. Rafael Leonardo Callejas, es al primer exgobernante hondureño al que se le quita la visa para ingresar a los Estados Unidos y se le encausa por el manejo de fondos de la FIFA, utilizando bancos estadounidenses para efectuar sus transacciones. Murió, con un aparato electrónico de control de sus movimientos, en los tobillos, con un espacio territorial limitado para moverse, sin haber sido condenado. Juan Orlando Hernández Alvarado, es el primer exgobernante, en la historia nacional, que es pedido en extradición por los Estados Unidos, utilizando una reforma constitucional que el mismo exgobernante promovió en el Congreso Nacional y que guarda prisión en un cuartel policial, a la espera del juicio de extradición correspondiente.
II
El 7 de febrero de 1844, el gobernador político de Choluteca Lupáreo Romero, informó a sus superiores en Tegucigalpa, que tenía información que el pueblo de Texiguat se preparaba para rebelarse en contra del gobierno del Estado. La sospecha se basaba en que el coronel J. Inés Navarro había viajado a El Viejo en Nicaragua, donde según le habían informado, se efectuó una reunión de Navarro con emigrados salvadoreños y creía que posiblemente encabezaría una tropa formada por Texiguats, los que actuaban de acuerdo con los morazanistas exilados entonces en Nicaragua. Indicaba también que, en León, los derrotados morazanistas, tenían un gran respaldo popular y de las autoridades. Agregaba que Joaquín Rivera Bragas, exjefe de Estado, había entrado clandestinamente a Texiguat y que había llegado a la hacienda del mencionado coronel Dueñas, en donde sus informantes le indicaban que lo habían visto con Máximo Orellana y el padre Zaldaña. El 12 de febrero, Honduras presentó formal protesta ante el gobierno de Nicaragua y al coronel Dueñas, fue traído de Choluteca a Tegucigalpa e interrogado, negando haber recibido correo alguno de parte del padre Zaldaña y confirmo que, en efecto había viajado a El Viejo, acompañando a su esposa en una romería, confesando además que en el hospedaje en donde se estableció, conoció al padre Zaldaña, cuando este le fue a pagar una visita que este le hizo en compañía de Máximo Orellana, Joaquín Rivera y Miguel Álvarez y, finalmente confeso que el padre Zaldaña, le había dado una carta para que se la trajera al padre José Trinidad Reyes a Tegucigalpa, igual que otra de Joaquín Rivera y otra carta dirigida al coronel Orellana. Con sus declaraciones, confirmaba, parcialmente, lo que el gobernador de Choluteca había informado a las autoridades de Tegucigalpa, incluida la noticia que los exiliados, seguidores de Morazán, preparaban una invasión desde El Salvador en contra de Honduras.
III
Frente al Cementerio de la ciudad de Santa Rosa de Copán, el 8 de febrero de 1878, fueron fusilados, el capitán general José María Medina, exgobernante de Honduras y el general Ezequiel Marín. Los mencionados fueron sometidos a un Consejo de Guerra que los encontró culpables de los delitos de rebelión, integrado por el general Emilio Delgado –que posteriormente correría la misma suerte que Medina– como presidente, los generales Eusebio Toro y Luis Bográn y los coroneles Inocente Solís, Belisario Villela, Manuel Bonilla y Antonio Cerro en calidad de jueces; el general Agustín Aguilar, como fiscal y el licenciado Justo Cálix, en condición de auditor de guerra. Este Consejo emitió, sin pruebas contundentes, basado más en versiones de testigos que habían oído; o que, suponían que Medina pretendía insurreccionarse nuevamente, condenó a muerte a los dos indiciados. Como correspondía la resolución del Consejo de Guerra, debía ser rechazada, modificada o ratificada por el presidente de la República Marco Aurelio Soto Martínez. Este, aunque fue rogado por las esposas de Medina y Marín, doña Mariana Milla de Medina y doña Trinidad de Marín, en cartas en donde le pedían clemencia para sus esposos, ratificó la pena capital en contra de Medina y Marín que se cumplió en la fecha indicada anteriormente. Soto Martínez, lleva sobre sus espaldas, esto que más que una acción de justicia, fue un claro acto de venganza primitiva en contra de sus enemigos. Mostrando, entonces, hasta donde podía llegar y ser capaz de hacer un político en el poder, en contra de sus adversarios.
IV
El 13 de febrero de 1986, el coronel Humberto Regalado Hernández, fue elegido por el Congreso Nacional, a petición del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, por intermedio del Ministro de Defensa, jefe de las Fuerzas Armadas. Una amplia mayoría de los diputados favoreció con sus votos su elección, “absteniéndose únicamente los cuatro diputados de los partidos Demócrata Cristiano de Honduras e Innovación y Unidad (PINU). La escogencia se produjo después de una polémica en torno a la renuncia irrevocable de su antecesor, general Walter López Reyes, que fue aceptada tras discutirse una moción de orden presentada por la Democracia Cristiana” (Alexis de Oliva, 312). Es decir que era público que López Reyes, –fallecido recientemente– había caído en un golpe de barracas y que su renuncia no había sido firmada en forma voluntaria. Como igualmente ocurriría con otra renuncia falsa de Manuel Zelaya Rosales, entonces presidente de la República de Honduras.
V
En vista que Azcona, presidente de la República, no contaba con la mayoría de los diputados del Congreso Nacional, porque una gran parte de los mismos le seguían siendo fieles a Suazo Córdova, el 18 de febrero de 1986, se hizo pública la alianza de los diputados seguidores de Rafael Leonardo Callejas y los azconistas. Como efecto de la alianza, se distribuían “a partes iguales los Tribunales de Justicia del país entre los movimientos del presidente José Azcona y del líder Rafael Leonardo Callejas” (Oliva, 312). En virtud de este acuerdo, Azcona pudo gobernar al país. Un día después, el nacionalista Salomón Jiménez Castro, nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, “informó que los nombramientos en el Poder Judicial, se han efectuado en forma integrada y proporcional entre los partidos Liberal y Nacional. La repartición de los juzgados trascendió desde que los dos movimientos concretaron el Pacto de Unidad (PUN) mediante el cual correspondió al azconismo controlar la directiva del Congreso (cuya presidencia le correspondió a Carlos Montoya) y al “callejismo” la Corte Suprema de Justicia”( Oliva, 312).
