Por: Rodolfo Dumas Castillo
Al momento de escribir estas líneas recibimos con satisfacción la noticia que el Poder Legislativo se dispone a discutir y finalmente abrogar la ilegítima “Ley de Secretos”. No tenemos la menor duda que de concretarse esto sería sancionado por la Presidenta Xiomara Castro y publicado en La Gaceta para eliminar una aberración jurídica que definitivamente nunca debió existir por contener normas lesivas a los derechos humanos.
Nuestra posición con respecto a esa perniciosa herramienta de opacidad se mantuvo desde que se propuso hasta su aprobación de manera subrepticia por un Congreso Nacional empecinado en blindar la corrupción en Honduras y que con esa ley inició la construcción de un malévolo pacto de impunidad.
La rechazamos clara y contundentemente en toda entrevista, artículo de opinión, informe, foro y cualquier otra participación pública o privada que tuvimos desde que se presentó el proyecto de ley y durante toda su vigencia, entendiendo los efectos que tendría en perjuicio de los intereses del pueblo hondureño. Ese mismo rechazo tuvo de toda persona u organización que vela por los derechos humanos en Honduras y el resto del mundo.
Tal como lo señalamos en reiteradas ocasiones, esta vulneraba principios universalmente aceptados y reconocidos sobre acceso a la información pública, libertad de expresión, transparencia, rendición de cuentas y demás vinculadas al manejo de informaciones de interés ciudadano. En su aprobación se omitió ejercer el control de convencionalidad, violentando normas contenidas en los tratados de los que Honduras es signataria. Representaba una grostesca mancha para nuestra imagen nacional y constituía un enorme obstáculo para la lucha contra la corrupción.
No cuestionamos el derecho que tienen los estados de mantener ciertas informaciones bajo reserva, particularmente aquellas que pueden afectar la seguridad nacional, pero esa “Ley de Secretos” excedía abusivamente esa potestad de proteger informaciones sensibles, sirviendo únicamente para disfrazar la corrupción y consolidar la impunidad.
En países donde se respeta el principio de transparencia se puede acceder a las bases de datos públicas y conocer cuántos aviones, barcos, helicópteros, misiles o armas han comprado los gobiernos, su costo, proveedores y demás detalles. Lógicamente no están disponibles las especificaciones técnicas de esos equipos o armamentos, pues se entiende que eso sí amerita una protección especial. En contraste, aquí en Honduras, una arbitraria secretividad impedía conocer aspectos puramente financieros relacionados con las adquisiciones o contrataciones públicas que no tenían absolutamente ninguna relación con temas de seguridad nacional. Se llegó al colmo de reservar información sobre temas de salud durante esta feroz pandemia que aún nos atormenta.
Ahora, por fin, se elimina ese manto de oscuridad que aprovecharon los corruptos en nuestro país para evadir la rendición de cuentas y para esconder sus fechorías. Se elimina esa perversión que tanto daño le causó a Honduras y renace la esperanza de un Estado respetuoso de los derechos humanos, especialmente los relativos a las libertades de información, expresión, prensa y acceso a la información pública, privilegiando el principio de máxima divulgación y desechando la cultura de encubrimiento impuesta al amparo de esa maligna legislación.
Twitter: @RodolfoDumas
