Por: Edmundo Orellana
Lo expuesto, en su informe, por la ministra de Finanzas es nuevo solo en la precisión de las cifras, pero no en la proporción que todos sospechamos.
Qué saquearon el Estado, para nadie es un secreto. Hoy, sin embargo, sabemos cuánto se robaron, en qué instituciones, los mecanismos utilizados y quiénes son los responsables.
El latrocinio ocurrió ante la vista y paciencia de los órganos contralores, tanto los que intervienen preventiva como posteriormente. Es de tal proporción que nada justifica su omisión. Pero también ocurrió ante todos nosotros, sin que nos importara realmente. Sabíamos de sus fechorías y, sin embargo, las urnas rebosaban de votos a su favor. Sino hubiera sido la alianza jamás se habrían ido del poder; un poco más de un millón doscientos mil votos obtuvieron en las recientes elecciones generales.
Este es un desafío para el MP. Es tan colosal el robo y tantos los responsables que si no procede a investigar de oficio podría incurrir en responsabilidad criminal por quebrantar su responsabilidad de investigar, de oficio, cuanto crimen ocurra, particularmente este, cuya existencia fue desvelada, ante la nación, con todos sus grotescos perfiles por quien tiene la competencia legal sobre las finanzas públicas. No es un chisme ni una noticia, es un hecho incontrovertible -y publicitado, además-, pero un hecho criminal que reclama la intervención del MP.
¿Qué le impide proceder al MP? No puede escudarse en el famoso “pacto de impunidad”, por el que se prohibió continuar con las investigaciones y acusaciones en curso al MP, así como juzgar a los tribunales, de los casos de malversación de fondos de diputados y otros funcionarios, porque fueron trasladados al TSC, al que se confirió la potestad de decidir en qué casos el MP puede proceder y los tribunales juzgar. No puede utilizarlo como pretexto porque ese “pacto de impunidad” es aplicable únicamente a los casos ocurridos antes de la fecha del decreto por el que se reconoce ese perverso pacto.
No solo se trata de investigar estos hechos, también debe investigarse la riqueza que exhiben los funcionarios que se fueron. A la par de las acciones de investigación de este latrocinio, deben marchar, entonces, las investigaciones por enriquecimiento ilícito y también las acciones de privación de dominio de los bienes de los involucrados.
No se trata de persecución política. Es un deber patriótico proceder, porque lo impone la nación, por las condiciones deprimentes en que la sumieron. Se trata, pues, de recuperar lo robado cuanto antes. Es una necesidad urgente, que demanda acciones impostergables y contundentes para recuperar lo que los saqueadores se llevaron, convencidos de que podían enriquecerse con los impuestos del pueblo hondureño.
La ministra también denunció que no tiene información ni registro de los gastos de salarios, viáticos, transferencias, entre otros, que ejecutó el Poder Judicial, y el Ministerio Público, porque, mediante reformas arbitrarias, se les autorizó realizar pagos fuera de la cuenta única del tesoro y no brindar informes o ejecutar auditorías. Esta grave denuncia de la autoridad suprema del Estado en materia de finanzas plantea el siguiente interrogante: ¿Qué garantía tenemos de que el MP y el Poder Judicial respondan debidamente a esta necesidad urgente de recuperar bienes y recursos, y, además, castigar a los responsables?
Corrupción ha habido, pero nunca a esta escala. Abusaron sin límite alguno porque nadie ni nada se interpuso en su camino, y nunca se sintieron amenazados porque se sabían protegidos por el sistema.
El tiempo se agota y, por consiguiente, urgen acciones inmediatas. Si hay obstáculos que impiden proceder, deben removerse sin dilación porque es actuando como resolveremos este problema.
Exijamos que actúen los competentes legalmente y si no proceden actuemos en su contra. No hay términos medios ni tiempo que perder; es el momento de las decisiones extraordinarias: la regla debe dar paso a la excepción.
Por eso, este gobierno debe ser diferente y servir de modelo a los que vendrán. Ser diferente es actuar con pulcritud y disciplina en el manejo de las finanzas públicas, castigando con severidad a quienes quebranten las reglas de la sana administración. Para que nunca más el virus de la corrupción contamine a los gobernantes, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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