Por: Nery Alexis Gaitán
El gobierno de Xiomara Castro Sarmiento ha tenido un mal inicio. La crisis generada por la presidencia del Congreso Nacional dejó muy en claro que no se respeta la independencia de los poderes del Estado. A ello hay que agregarle que la agenda gubernamental parece orientada a limitar la competitividad regional, esto se aprecia en el intento de derogar ciertas herramientas que en el pasado se concibieron para la masiva generación de empleo, tal es el caso de la actividad de la minería, el empleo por hora y las ZEDE. Una reciente encuesta de la firma CID Gallup no deja dudas, el 75 por ciento de los hondureños señalan que la principal tarea de la Presidente es generar empleo, incluso, el 70 por ciento de los encuestados dijo que si las condiciones legales son favorables aceptarían trabajar en alguna de las ZEDE.
Estos estudios deben ser analizados con cuidado por los diputados que hablan de derogar las ZEDE, aunque todos sabemos que, para hacerlo legalmente, necesitan mayoría calificada y, debe ser ratificada en la siguiente legislatura. Esta es una intención política de los diputados de oposición, y no toman en cuenta el clamor desesperado de la ciudadanía que busca de un empleo estable y digno.
Somos de la opinión que las ZEDE tendrán un impacto positivo, no solo a corto plazo, sino que también ayudarán a las jóvenes generaciones, ya que producen empleos y desarrollo sostenible. El Estado está obligado a respetar los contratos ya establecidos, porque estas inversiones están protegidas por el Tratado de Libre Comercio, lo que abre la posibilidad de que Honduras sea demandada por incumplimientos. Actualmente, se encuentran en funcionamiento y generando empleos estables tres ZEDE en el país: Ciudad Morazán (Choloma), Orquídea (Colón) y Próspera (Islas de la Bahía).
El propósito de las ZEDE es generar fuentes de empleo que garanticen oportunidades de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de la población. Están sujetas a las leyes hondureñas y no lesionan la soberanía nacional, ya que existe control dentro de ellas. Las ZEDE ya están generando cientos de empleos y mejorando las condiciones de vida de la población.
Algunos congresistas de Libre han anunciado el intento de derogar la Ley del Empleo por Hora, ocasionando una férrea oposición de los empresarios y de los trabajadores que están gozando de este beneficio, que son alrededor de 700 mil. Derogar esta ley incrementaría el desempleo, que es un gran problema en nuestro país. Los diputados, en todo caso, deben modificarla o reformarla, previo consenso con los sectores involucrados.
Con estas actuaciones del Congreso Nacional nos preguntamos: ¿Cuál es la agenda real de competitividad en Honduras? Vamos en la dirección equivocada, tratando de derogar leyes que generan miles de empleos y desarrollo. Y en vez de atraer inversionistas los estamos ahuyentando. El gobierno debe tener una política de puertas abiertas y brindar óptimas condiciones a los inversionistas, para que vengan a desarrollar todo tipo de proyectos, lógicamente, respetando todas las leyes nacionales e internacionales.
A nivel regional no somos atractivos para los inversionistas, por ejemplo, Guatemala, tiene leyes que facilitan a los empresarios su labor y ya tiene instaladas 14 Zonas Francas y recientemente ampliaron sus beneficios para más empresas. El Congreso “chapín” avanza con una agenda de mejoras en infraestructura y reformas laborales (como el tiempo parcial, que vendría a ser similar al empleo por hora, que han pretendido derogar aquí).
Por otra parte, El Salvador tiene una agenda de competitividad muy efectiva, Nayib Bukele está enviando 52 reformas legales al Congreso que incluyen eliminar trámites innecesarios, reducir la burocracia, crear incentivos fiscales, nuevas leyes de inversión y contratos de estabilidad. Esto se suma a otros proyectos en marcha como “Bitcoin City”, que sin duda atraerá a muchos nuevos inversionistas que desean encontrar condiciones favorables para innovar.
Honduras debe mejorar sus índices de competitividad. El gobierno debe generar confianza en los inversionistas, respetando el estamento jurídico.
