Por: Edmundo Orellana
El Congreso Nacional está removiendo todo lo que podría ser un obstáculo para las labores que desarrolle el mecanismo anticorrupción que se instalará en el país con el apoyo de la ONU.
Comenzó con la derogación de la ley de secretos y demás normas que no permitían fiscalización alguna en la ejecución de presupuestos. Siguió con la derogación de la ley que impedía al MP obtener, sin intermediarios, información del TSC y la última decisión fue eliminar el impedimento impuesto al MP para investigar y a los tribunales para juzgar los casos de corrupción en el manejo de recursos destinados a programas sociales, especialmente en el caso de los diputados que se apropiaron de los subsidios conferidos para auxiliar a sus propios votantes.
En menos de un mes el Congreso Nacional cumple con los que votaron en noviembre para que las nuevas autoridades desmontaran el sistema de impunidad construido durante los últimos doce años. Falta, por supuesto, mucho que andar, pero con la firmeza que actúa y al ritmo que avanza es seguro que muy pronto será realidad la eliminación total de ese oprobioso sistema de impunidad. La agenda legislativa del gobierno se está cumpliendo.
Seguramente se está trabajando para reformar el Código Penal que, en lugar de desestimular la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero, alienta al corrupto y al crimen organizado a cometer sus fechorías; esfuerzo cuyos frutos, seguramente, pronto veremos.
Otro reto importante es la selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General y en este sentido los legisladores han estado muy activos presentando iniciativas que apuntan a mejorar dicho proceso.
Preocupación de los diputados que se corresponde con la necesidad de que el mecanismo anticorrupción que apoyará la ONU cuente con contrapartes nacionales que respondan a los requerimientos de la lucha contra la corrupción. Por eso, debemos asegurarnos de que los nuevos titulares del Poder Judicial y del MP sean los más idóneos para ejercer el cargo y asumir esa misión, abandonando la costumbre de asegurarle un cargo al amigo, al compadre, al compañero, al pariente, al correligionario, para adoptar la práctica de escoger a quienes, además de cumplir con los requisitos formales, cumplan con los requisitos que exige la misión de proveer seguridad jurídica a todos por igual.
La modernización del proceso de selección demanda que quienes integren las juntas de selección sean, igualmente, idóneos para desempeñar la función. Los representantes de las entidades que integren esos órganos deben cumplir requisitos mínimos para evitar que designen a personas ligadas con intereses vinculados con casos en los tribunales, como ha ocurrido en el pasado, cuando políticos y empresarios se aseguraban sus propios magistrados para resolver sus casos pendientes o para potenciar su poder. Desde un tiempo a la fecha, el riesgo radica en que el crimen organizado filtre sus agentes en esas juntas de postulación para asegurarse sus propios magistrados.
Los factores de ponderación y los criterios para evaluar son dos elementos que están ausentes en el proceso de selección actual. Deben incorporarse debidamente para que guíen a las juntas de postulación en la ruta de seleccionar a los más idóneos. La supervisión del proceso por la sociedad es un requisito indispensable para imprimirle al proceso la credibilidad que nunca ha tenido. Con la publicidad de los documentos, de las actuaciones y de las decisiones, se genera en la población la percepción de que el proceso es confiable y creíble su resultado.
Culminado el proceso de selección, debe garantizarse de que lo remitido al Congreso Nacional vaya acompañado con la documentación que ofrezca a la población la seguridad de que se actuó con imparcialidad y a los diputados la oportunidad de verificar que la evaluación se practicó con profesionalismo.
Son, pues, dos los momentos del proceso que deben ser objeto de interés en la modernización de las reglas del proceso de selección. Los requisitos de quienes integran las juntas de postulación, es el primero, y, el segundo, los factores de ponderación y los criterios de evaluación, así como las formalidades en la presentación de los resultados.
Con la transparencia y la rendición de cuentas el proceso de selección de magistrados y fiscal general garantiza que el nuevo mecanismo que se instalará con el apoyo de la ONU tendrá como contraparte un MP y un Poder Judicial con capacidad plena para cumplir su misión de combatir la corrupción y la impunidad. Para que nunca más retornen las prácticas corruptas del pasado, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
