Unos 200.000 indocumentados están bajo vigilancia electrónica en Estados Unidos con una nueva aplicación de teléfono móvil como parte de un polémico programa considerado por defensores de los inmigrantes una opción innecesaria a la detención, que además viola la privacidad y se presta para abusos.
Activistas y organizaciones hispanas y defensoras de los derechos humanos consideran que, aunque a simple vista parece mejor que el grillete electrónico, las autoridades migratorias lo usan a su antojo sin reglas claras.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) confirmó a Efe que 191.988 inmigrantes son vigilados actualmente mediante el Programa de Supervisión Intensiva (ISAP, en inglés), una de las “alternativas a la detención” por la cual ha apostado el Gobierno de Joe Biden como una opción “más humana” al encierro.
A través de la aplicación para teléfonos inteligentes SmartLink, los oficiales de ICE siguen de cerca los pasos de los indocumentados, que tienen que reportarse frecuentemente -algunos semanalmente, otros diariamente, incluso varias veces al día- y enviarles una selfi, según pudo constatar Efe.
“Cada martes a las 11 de la mañana debo enviar una imagen de mi rostro a inmigración”, dijo a Efe Danny Sánchez, un abogado venezolano solicitante de asilo a quien ICE mantiene vigilado mediante SmartLink.
“Sin embargo, a otros les suena el teléfono a cada ratito para que pongan su fotografía. Puede ser en la mañana, en la noche o a cualquier hora del día, y siempre están con miedo por dejar el teléfono a un lado”, explicó el inmigrante.
Sánchez es uno de los miles de inmigrantes que se han entregado en los últimos meses en la frontera de Estados Unidos con México y que las autoridades han liberado bajo ISAP con un teléfono celular que ellos mismos le proporcionan.
“No sé qué alcance pueda tener esta aplicación, no sé si lo que estoy hablando está siendo monitoreado”, dijo el padre de familia venezolano.
Sin embargo, aseguró sentirse afortunado de no tener un grillete electrónico con GPS que maltrata el tobillo y que dificulta la obtención de un empleo porque “causa un fenómeno de discriminación”.
El número de inmigrantes que se encuentran bajo vigilancia mediante estos programas de “Alternativas a la Detención” (ATD, en inglés) pasó en menos de tres años de unos cuantos miles a los casi 200.000, una cifra que el Gobierno pretende aumentar a unos 400.000 antes de que termine el año.
“Existen serias preocupaciones sobre la privacidad de la aplicación, especialmente a la luz de cuán ampliamente se está utilizando ahora”, dijo a Efe Azadeh Shahshahani, directora legal y de defensa de derechos de Project South.
Shahshahani expresó su inquietud sobre “cómo el Gobierno podría usar los datos extraídos de la aplicación sobre la ubicación y los contactos de los inmigrantes para reunir y arrestar a otros miembros de la comunidad por violaciones de inmigración”.
“Hemos visto que en muy poco tiempo la Administración del presidente Biden ha ido expandiendo este programa, que es muy dañino, y desafortunadamente lo tratan de disfrazar como si fuera una alternativa de detención”, manifestó a Efe Jacinta González, organizadora senior de campaña de la agrupación nacional Mijente.
Para la activista, se trata nada más de una expansión del sistema de detención. “No es un programa que tenga una base lógica, ni sistematización, ni reglas claras sobre cómo se aplica y por lo tanto nada más se convierte en otra manera de que los agentes de inmigración puedan abusar de su poder. Lo usan cómo les da la gana”, añade. EFE
