Rafael Delgado
No hay duda que por muchos años no ha habido nada sincero ni efectivo en contra de la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas de Honduras. Los hechos que se publicitaron en el pasado sobre las supuestas acciones contra el crimen son en el mejor caso hechos aislados y débiles. Parecieron estar dirigidos primordialmente a calmar los ánimos de la ciudadanía que exigía acciones contundentes a las autoridades; parecieron solamente una lucha entre bandos, instrumentalizando a ciertos órganos del Estado a favor o en contra de alguien en particular.
Usualmente procedemos a condenar esta infiltración de las instituciones públicas. Automáticamente la catalogamos como acto ilegal. Cosa que lo es y suficientemente perjudicial es el solo hecho de serlo. Sin embargo, no medimos las profundas repercusiones que significa el involucramiento de las autoridades públicas y de políticos en forma directa o indirecta, activa o pasiva en todos estos asuntos.
En primer lugar, el narcotráfico y todas sus acciones conexas toleradas e incitadas desde el poder político ocasionan profundas heridas al país por toda la violencia que ello genera y todos los muertos que ocasiona. Cuantificar en dinero la situación de las familias que han quedado incompletas por la muerte de algún ser querido es imposible. Pero en cualquier intento que se haga, se entenderá la dimensión del dolor, del trauma, la pérdida del sustento económico familiar y la inseguridad de las comunidades que viven la violencia desatada por este negocio ilegal sustentado por los políticos buscando el poder o en el poder mismo.
Además, es importante entender que la riqueza injusta que ello genera es para muy pocos que podrán repartir por aquí y por allá en sus intenciones de congraciarse con su entorno, pero que resultan ser al final acciones muy caras para quienes caen en ese fatal juego. En definitiva, bajo el poder del crimen organizado, no prevalecen las leyes ni mucho menos los valores, ni se puede hablar de una economía pujante. Bajo esas circunstancias, los barrios, las comunidades y la vida de la gente está a merced de los designios de un poder arbitrario que no tiene límites.
Importante de resaltar, para comprender la verdadera dimensión de un narcoestado, es que bajo esas circunstancias el ciudadano, pese a la formalidad de la supuesta democracia con todos sus partidos y elecciones, una y otra vez son burlados. En efecto, en Honduras la gente ha depositado su confianza en ciertas personas; marcan bajo la foto de personas que se han presentado como defensores de los intereses del ciudadano, pero que al final solamente abusan de esa confianza y del poder obtenido para convertirse en instrumentos del crimen. Ahora y después de tantas revelaciones lo sabemos; así han resultados ser algunos precandidatos, candidatos y presidentes de la República, autoridades de partido, ministros, diputados, alcaldes, jueces, etc. Esa burla al ciudadano en algunos casos se ha desenmascarado con una acusación, con una solicitud de extradición, condena judicial o prisión en el extranjero. Pero el daño a la salud del país ya está hecho con sus ciudadanos cada vez más escépticos y las instituciones públicas funcionando para lo que no fueron hechas.
Cada comienzo de un período presidencial es una nueva oportunidad para corregir el rumbo del país. Ahora es el momento para iniciar con el adecentamiento del país. Las solicitudes de extradición de Juan Orlando Hernández, así como de Juan Carlos Bonilla nos demuestran las terribles omisiones intencionales de un sistema político y judicial que no funciona correctamente y que amenaza con perpetuarse. Contra eso hay que emprender acciones desde la ciudadanía y desde lo rescatable de la institucionalidad pública para iniciar una verdadera depuración de la Policía, de las Fuerzas Armadas, nuevas y mejores autoridades en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía y en las instituciones electorales. Si seguimos esperando que las solicitudes de extradición de EUA lleguen a solucionar el problema y no hacemos nada seguirá el continuo deterioro y fallecimiento de la democracia hondureña.
