Extradición

Armando Cerrato
Licenciado en Periodismo

Víctima de un auto acordado aprobado cuando era presidente del Congreso Nacional el hoy expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández Alvarado, está a punto de ser extraditado hacia los Estados Unidos de América para enfrentar juicio en el condado sur de Nueva York bajo la imputación de conspiración para la introducción de más de 1,500 kilos de cocaína a territorio norteamericano, posesión de armas automáticas de fuego para facilitación del transporte de la droga y asociación ilícita en perjuicio de la sociedad norteamericana, por lo que de ser condenado estaría recibiendo una sentencia de dos cadenas perpetuas y una multa multimillonaria.

Juan Orlando Hernández Alvarado, además de ser víctima de una ley por él aprobada lo es también de sus afirmaciones como candidato y luego como presidente de la República, de que en Honduras como en cualquier parte del mundo nadie está por sobre la ley y que el combate en contra del delito debe realizarse caiga quien caiga.
Abogado de profesión y casado con una colega Juan Orlando cuenta en Honduras con un cuerpo de defensa de 12 colegas expertos en derecho internacional público y privado, derecho penal y procesal penal, derecho civil y derecho constitucional.

Sin embargo, este cuerpo de especialistas no pudo desvanecer las acusaciones por escrito contenidas en la petición de extradición ante un juez natural nombrado para estudiar el caso pese a que le presentaron como medidas atenuantes el que el mandatario aprobó siendo presidente del Congreso, el auto acordado para extraditar ciudadanos hondureños a petición de los juzgados de los Estados Unidos de América reformando el Artículo Constitucional 102 que originalmente rezaba así: “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero”.

El Congreso presidido por Juan Orlando en combinación con la Corte Suprema de Justicia le agrego las excepciones siguientes a este precepto: “Se exceptúan de esta disposición los casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada y cuando exista tratado o convenio de extradición con el país solicitante. En ningún caso se podrá extraditar a un hondureño por delitos políticos y comunes conexos”.

Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado, 8 años, 27 de enero del 2014 al 27 de enero del 2022 siendo su segundo período inconstitucional y producto de un enorme fraude electoral, se entregó a la justicia de los Estados Unidos a 33 hondureños cabecillas de poderosos carteles traficantes de drogas a los que se les ha incautado cuentas bancarias millonarias, lujosas mansiones, sociedades mercantiles y decenas de automotores incluidas lanchas de lujo y avionetas, haciendas y hasta zoológicos.

Honduras ha pasado de ser puente para el tráfico de drogas a productor de materia prima para la elaboración de las mismas y administrador de narcolaboratorios con una producción de miles de kilos que por diversas vías se hacen llegar hasta los Estados Unidos, donde ningún capo o distribuidor de importancia ha sido capturado.
Juan Orlando Hernández Alvarado y su cuerpo de abogados han interpuesto una apelación ante el pleno de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia hondureña quien en cinco días máximo deberá resolver si ratifica o no la decisión del juez natural que dio la luz verde para que el expresidente hondureño sea extraditado y además ya se capturó también al exjefe de Policía; comisionado general Juan Carlos Bonilla acusado también de estar coludido con los carteles de la droga que operan y operaron en Honduras, por lo que el populacho hondureño señala que el último concierto de “los Juanes” se escuchará en Nueva York próximamente debido a que ya está en la cárcel purgando una pena de cadena perpetua más 30 años el hermano del expresidente hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado, quien era diputado del Congreso hondureño y fue capturado en Miami por tráfico de drogas y armas, y por haberle mentido a la DEA en sus primeras declaraciones y a él se agregarán Juan Carlos Bonilla y Juan Orlando Hernández.

Mientras tanto, tanto Juan Orlando como su esposa la abogada Ana García Carías y su cuerpo de abogados y miles de hondureños creen que el exmandatario es víctima de una conspiración no solo para desprestigiarle, sino para que se le condene como capo de un cartel de traficantes de drogas y armas dirigida por los extraditados durante su gobierno, puesto que todas las acusaciones hechas en su contra hasta ahora las han hecho de oídas los jueces norteamericanos de los reos hondureños en acuerdos con los fiscales y otros entes acusadores contra ellos a cambio de la reducción de sus penas y de testigos protegidos de dudosa reputación.

La sociedad hondureña está a la expectativa de la resolución que tomara el pleno de la corte suprema de justicia constituida por ocho magistrados del Partido Nacional -mismo del expresidente- y siete del cogobernante Partido Liberal que bien puede ser por unanimidad o por mayoría simple.