El gobierno del presidente Biden restaurará el camino hacia la residencia permanente para beneficiarios del (TPS) con órdenes de deportación para resolver una demanda judicial contra una norma establecida por la anterior administración que había bloqueado esta posibilidad, luego de un acuerdo judicial de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
La decisión surge luego de una demanda de varias organizaciones civiles que acudieron a las instancias legales.
El acuerdo permite que los originarios de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela puedan desestimar procesos de deportación o expulsión del país y continuar con su solicitud de Residencia Permanente.
“Los beneficiarios del TPS, incluyendo a ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela, cubiertos por este nuevo acuerdo podrán reabrir y desestimar sus órdenes de remoción, deportación o exclusión, así como solicitar el ajuste estatus para convertirse en residentes permanentes dentro de los Estados Unidos, si llenan todos los requisitos necesarios”, explicó el abogado Nelson Castillo, abogado de inmigración con sede en California.
Castillo confirmó que este acuerdo no cubre a todos los inmigrantes que tienen TPS, informó a La Opinión.
Si no solamente a aquellos que cumplen los requisitos para obtener una ‘green card’ a través del matrimonio, petición familiar o laboral.
“No es para cualquier persona con TPS y todos los requisitos de residencia permanente tienen que ser cumplidos”, indicó el experto.
“El inmigrante tiene que tener un vehículo aparte, como la petición familiar”.
Podrán optar a la Green Card si solo si
En 2019, el entonces director de USCIS, Ken Cuccinelli, hizo modificaciones que afectó los procesos de solicitud de ‘green card’ de beneficiarios de TPS que cumplían con los requisitos.
Por lo que las organizaciones Democracy Forward, Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), Montagut & Sobral, PC y Debevoise & Plimpton, LLP presentaron una demanda en agosto de 2020.
Debido a este acuerdo, los beneficiarios de TPS afectados por esta política podrán reabrir y anular sus órdenes de deportación.
Aplica a personas que han viajado fuera de los EE.UU. con un permiso provisional, los que tienen una orden de deportación.
Además, por remoción o exclusión en su contra y que al salir fuera del país regresaron aún con ese documento.
John Lewis, abogado senior de Democracy Forward, destacó que el acuerdo reducirá la presión a la comunidad con TPS que podía aplicar por una residencia permanente, pero no le era permitido tras la política impuesta durante el Gobierno de Donald Trump.
