Por: Jorge Roberto Maradiaga
Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial.
Tal como es del conocimiento público, como producto de la crisis generada por el destructivo y letal impacto generado por el denominado coronavirus o COVID-19, se había suprimido las clases presenciales en nuestro país, así como ocurrió en muchas partes del mundo. Habiéndose establecido mecanismos para hacerle frente a dicha crisis y antes los problemas confrontados en el caso de la educación virtual, se ha optado por retomar a la clase presencial, si bien debemos reconocer que existen serias limitaciones, empezando por la propia situación de los establecimientos educativos, después de un abandono significativo.
Existe univocidad de criterios, en cuanto a que la educación es considerada como el principal campo de reducción de desigualdades de cara al futuro y de superación de la reproducción intergeneracional de la pobreza, dados los círculos virtuosos entre mayor educación, movilidad socio-ocupacional y mejores ingresos. Además, en un momento de crisis de proyectos de transformación social y de emergencia de la dimensión cultural del desarrollo, la educación debe contribuir a repensar críticamente la realidad, a idear nuevos proyectos colectivos, y a aprender a vivir en un mundo multicultural.
Siendo objetivos, tenemos que reconocer que desgraciadamente en nuestro país no se ha podido establecer la educación virtual, porque definitivamente no existe una dotación funcional y efectiva del Internet, sobre todo el de banda ancha, a nivel de todos los municipios del país y de otra parte y siendo objetivos, aún no existe a nivel nacional la capacitación para el efectivo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, razón por la que la clase virtual, resulta complicada su funcionalidad.
A lo anterior, y con toda objetividad debemos agregar que, para que funcione la clase virtual es un imperativo categórico, el contar con toda la infraestructura tecnológica (computadoras, acceso a Internet) y obviamente la capacitación efectiva de los docentes, pues si no se maneja adecuadamente el recurso tecnológico, no se materializará el objetivo propuesto.
Es importante y procedente destacar que, la educación es un espacio privilegiado para construir una ciudadanía en el marco de las democracias del presente siglo, y de la urgencia por perfeccionar la institucionalidad política. Más aún, las nuevas formas de ciudadanía en una sociedad de la información requieren también fortalecer nuevas destrezas: capacidad de expresar demandas y opiniones en medios de comunicación para aprovechar la creciente flexibilidad de los mismos; aptitud para adquirir información estratégica que permita participar en los sistemas de redes; y, competencia organizativa y de gestión para adaptarse a situaciones de creciente flexibilización en el trabajo y en la vida cotidiana.
Indiscutiblemente, hoy en día existe univocidad de criterios en torno a la necesidad de mejorar la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación. Debe replantearse el papel del Estado en la provisión de educación y del conocimiento, desarrollar mecanismos de monitoreo y de evaluación periódica de logros en el aprendizaje de los educandos, reformular los mecanismos de financiamiento del sistema educacional con mayor participación del sector privado, reformar los contenidos y las prácticas pedagógicas en función de los nuevos soportes del conocimiento y de los cambios en el mundo del trabajo, repensar el rol y la formación de docentes, e introducir en las escuelas las nuevas Tecnologías de la Información y del Conocimiento (TIC), lo cual debe ser en todo el territorio nacional.
Existe consenso respecto a las deficiencias estructurales de los sistemas educativos, y a la necesidad de actualizarlos para lograr mayor equidad, pertinencia, eficiencia y calidad. Existe coincidencia en la necesidad de mejorar la calidad y la pertinencia del sistema educacional, con el fin de que este cumpla una función estratégica en el tránsito de las sociedades nacionales hacia un orden global y por ende la educación virtual debe ser impulsada en el país.
Igualmente se puntualiza que hay desigualdades en el acceso y el manejo de las redes informáticas, así como a los medios audiovisuales, donde la producción de conocimientos circula y se renueva incesantemente. Si bien se realizan esfuerzos para dotar a la infraestructura escolar de soportes informáticos tanto para alumnos como para los profesores, el ritmo al que se difunden estos bienes, así como su uso, es insuficiente. Preexiste una importante brecha digital entre los niños y jóvenes habituados al manejo interactivo en redes y aquellos de ingresos bajos y medio-bajos no habituados a ese tipo de interacción, y cuyo acceso a las TIC y consiguientemente a los lenguajes informáticos es mucho más restringido.
Debe existir un programa estratégico de educación y formación con miras al adecuado uso de los recursos tecnológicos e informáticos y evitar los abusos y accesos que se materializan a través de las redes sociales y que son de público conocimiento.
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