¿Vuelven los oscuros malandrines del 80?
Por: Óscar Armando Valladares
La apertura que expeditó el resultado electivo de noviembre, auspicia hablar de los medios de comunicación con que cuenta el Estado y plantear la tarea de evaluarlos en términos de imagen, credibilidad, sintonía y eficiencia, cuatro facetas que erosionó el mando absolutista recién depuesto. Antes, precisa recordad que la ley malparida de las ZEDE configuró -entre otros indebidos beneficios al capital extranjero- “la administración del espectro radioeléctrico” en aquellas zonas e inmuebles establecidos por esta espuria inversión foránea que puso en entredicho y dejó mal parada a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). La derogación apremiante de tamaño adefesio -prohijado por “Pepe” Lobo y JOH en 2013-, es una exigencia patriótica y un deber ineludible del Poder Legislativo.
Tres son las estaciones de que dispone el Estado para los asuntos concernientes al sector público en interés social: Radio Nacional de Honduras (RNH) y los canales 8 y 20 de televisión, adscrito el último a la cámara de diputados. Con 46 años en el aire, la emisora radial tuvo en su primer momento una cuota de audiencia importante, merced al apoyo e interés de las autoridades, la programación variada y el personal técnico, artístico y de locución reunido. Abonaba además que entonces el medio no tenía aún la competitividad de ahora en número de estaciones, ni la televisión había despuntado -con su pantalla blanquinegro y en color- en la preferencia del procomún.
La efímera etapa reformista del régimen militar -acaudillado por el general Oswaldo López Arellano- propició la apertura de Radio Nacional, bajo la dirección y el concurso del periodista Herman Allan Padget y el coronel Mario Maldonado Muñoz, a la sazón director del Instituto Nacional Agrario (INA) y propulsor medular del proceso -tenido entonces como el “quehacer fundamental” del grupo de uniformados tendencialmente progresistas-. La emisora comenzó a cubrir el rol del INA y su incidencia sustantiva en el campo, al tiempo que algunos medios, La Prensa, La Noticia, atacaban la recuperación de tierras que requería la demanda campesina.
Durante el gobierno de Manuel Zelaya, hubo un cierto interés por repotenciar la televisora estatal, que según los registros había sido establecida el 23 de junio de 1962 e identificada con distintos nombres -TVN-8, Telenacional, TN-8-. A raíz, empero, del golpe de Estado de 2009, se convirtió en un medio sobradamente politizado, en los últimos ocho años sobre todo bajo el mando cesáreo de Hernández Alvarado, despedido del cargo por el pueblo hondureño y pedido de prisa por la justicia imperial. El canal del Congreso inició transmisiones en 2018, con sesgo propagandístico sectario y adulatorio hacia el titular del mismo Mauricio Oliva.
No es ocioso señalar que en los doce años de gestión política abusiva los grandes medios privados crecieron y abultaron su poder económico por la propaganda multimillonaria contratada y generosamente colocada desde Casa de Gobierno; de modo que si, por ejemplo, en el período comprendido de noviembre de 2005 a abril de 2006, hubo en prensa una inversión publicitaria estimada en 293 millones de lempiras provenientes del sector empresarial propaganda gubernativa tuvo una facturación de 24 millones, según el periodista Manuel Torres Calderón. En los mandatos de Lobo y Hernández, la progresión fue pasmosamente a la inversa: un gasto de la fuente oficialista como nunca lo ha habido, quedando en los entresijos del limbo si parte del mismo advino del narconegocio.
En tanto el nuevo gobierno diseña una política de comunicación institucional, parécenos necesaria una evaluación del recurso físico, técnico y profesional disponible, de los niveles de cobertura, del presupuesto y de la programación audiovisual de hoy en día. Para visibilizar y poner en “imagen” la imagen de Radio Nacional, es menester efectuar transmisiones noticiosas conjuntas -cual hace HRN y Canal 3-. Personales experiencias en “medios” y publicidad, avalan sugerir cambios básicos en Canal 8: modular las voces de presentadores adictos a lo estentóreo, mejorar la franja de identificación, rotular las presentaciones en vivo, racionalizar la reiteración de entrevistas, desconcentrar y variar los mensajes institucionales del gobierno y alternarlos con textos y videos de carácter cívico, y evitar programas de cualquier secta en función del principio laicista -de independencia del Estado respecto de organizaciones o confesiones religiosas. En Canal 20, promover el respeto a la Constitución y difundir artículos torales de la misma.
