El Congreso de Perú, dominado por la oposición derechista, inició este lunes el debate de una moción de destitución contra el presidente izquierdista Pedro Castillo por supuesta corrupción y falta de rumbo, una figura que ya condujo a la caída de dos mandatarios desde 2018.
La sesión plenaria del Parlamento peruano comenzó poco después de las 15H00 (20H00 GMT), “con el fin de debatir y votar el pedido de vacancia de la Presidencia de la República”, según la convocatoria de la jefa del Congreso, la conservadora María del Carmen Alva.
“Sometido a las reglas de la democracia […], estaré siempre dándole la cara al país”, dijo Castillo al presentar sus descargos ante el plenario.
“La moción de vacancia es por incapacidad moral permanente, pero no contiene un solo elemento que la sustente válidamente, se trata de una recopilación de versiones de un sector de la prensa”, añadió Castillo, quien vestía un traje andino tradicional de color gris y llevaba la banda presidencial roja y blanca sobre el pecho.
El desenlace es una incógnita pues la oposición carecería de los 87 votos necesarios que exige la Constitución para remover a un mandatario. De los 130 legisladores, los opositores suman unos 80, mientras que los oficialistas del marxista Perú Libre y grupos afines bordean los 50.
Si Castillo es destituido será reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte, aunque si ella desiste le corresponderá a la jefa del Congreso asumir el cargo. El actual periodo presidencial culmina en julio de 2026.
– “No existe prueba” –
La sesión empezó con los descargos de Castillo, quien respondió algunos de los cuestionamientos en su contra. Luego se retiró del hemiciclo y su abogado, José Félix Palomino, continuó haciendo los descargos.
“No existe prueba que vincule directamente al presidente con algún acto de corrupción”, dijo Palomino ante el plenario.
Mientras hablaba el abogado, la jefa del Congreso suspendió temporalmente la sesión al originarse una trifulca por un letrero colocado en su escaño por la legisladora fujimorista Vivian Olivos, que decía “vacancia ya” y que la banca oficialista exigía retirar.
Simultáneamente, en los alredederes del edificio legislativo se desarrollaban manifestaciones en favor y en contra de la destitución de Castillo, con participación de centenares de personas.
Se trata de la segunda moción de vacancia contra Castillo, que asumió la presidencia en julio de 2021 tras ganar un apretado balotaje a la derechista Keiko Fujimori. En diciembre, el Congreso desestimó una medida similar.
Sin embargo, una destitución ronda en el aire desde su elección en 2021, cuando sus rivales denunciaron “fraude” a pesar del aval a su victoria de la OEA, Unión Europea y Estados Unidos.
– “Incapacidad moral” –
El Congreso decidió hace dos semanas llevar a Castillo a un juicio político relámpago por 76 votos, 41 en contra y una abstención.
La oposición acusa a Castillo, un maestro rural de 52 años, de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además le critican sus constantes crisis ministeriales que se traducen en cuatro gabinetes, algo inédito en Perú.
Para hacer realidad su deseo los opositores apelan a un polémico y flexible artículo constitucional, que permite destituir al presidente con base en una evaluación política más que jurídica.
En coincidencia con el juicio político al presidente, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos divulgada este lunes por el diario La República reveló que el 79% de los peruanos reprueba el desempeño del Congreso, por sobre la desaprobación a Castillo (66%, según el último sondeo de Ipsos, tres puntos menos que en febrero).
Desde 2017, por el Congreso de Perú han pasado seis mociones de vacancia. Pedidos similares provocaron la caída de Pedro Pablo Kuczynski (derecha), en 2018, y Martín Vizcarra (centro), en 2020.
Una de las razones por las que se volvió recurrente ese mecanismo es la ausencia de mayoría parlamentaria del gobierno de turno. Ello ocurre desde 2016, cuando Perú ingresó a una dinámica de choque de poderes que lo llevó a tener hasta tres presidentes en una semana en noviembre de 2020.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos ha mostrado su preocupación señalando que “la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de Perú, lo cual puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos”.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se solidarizó con Castillo e instó a respetar la “voluntad popular”, en un comunicado del 14 de marzo.
A pesar de la tensión política, Perú se encuentra en calma y todas las actividades públicas y privadas se desarrollan con normalidad.(AFP)
