El Congreso de Perú, dominado por la oposición derechista, debate este lunes una moción de destitución contra el presidente izquierdista Pedro Castillo por supuesta corrupción y falta de rumbo, una figura que ya condujo a la caída de dos mandatarios desde 2018.
La sesión plenaria del parlamento peruano está prevista para las 15H00 (20H00 GMT), “con el fin de debatir y votar el pedido de vacancia de la Presidencia de la República”, según la convocatoria de la jefa del Congreso, la conservadora María del Carmen Alva.
El desenlace es una incógnita pues la oposición carece de los 87 votos necesarios que exige la Constitución para remover a un mandatario. De los 130 legisladores, los opositores suman unos 80, mientras que los oficialistas del marxista Perú Libre y grupos afines bordean los 50.
“Para ser honesta no existen todavía los votos. Hay, aproximadamente, 76 votos”, dijo el domingo Norma Yarrow, del derechista Avanza País, uno de los partidos que impulsa la destitución.
Si Castillo es destituido será reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte, aunque si ella desiste le corresponderá a la jefa del Congreso asumir el cargo.
La sesión empezará con un discurso de Castillo, quien dispone de hasta una hora para responder a los cuestionamientos en su contra. Luego su abogado seguirá los pormenores del debate, con derecho a réplica. El presidente no participa de esta etapa.
Pero momentos antes expresó sus deseos de que “se cierre esta página” y pueda cumplir su mandato hasta 2026.
“A nosotros nos ha elegido democráticamente por la voluntad popular en las urnas y eso no lo vamos a defraudar. Esperamos que el día de hoy se cierre esta página y seguir trabajando juntos”, dijo el mandatario la mañana del lunes en un acto en el este de Lima por el inicio del año escolar.
Se trata de la segunda moción de vacancia contra Castillo, que asumió la presidencia en julio de 2021 tras ganar un apretado balotaje a la derechista Keiko Fujimori. En diciembre, el Congreso desestimó una medida similar.
Sin embargo una destitución ronda en el aire desde su elección en 2021, cuando sus rivales denunciaron “fraude” a pesar del aval a su victoria de la OEA, Unión Europea y Estados Unidos.
– “Incapacidad moral” –
El Congreso decidió hace dos semanas llevar a Castillo a un juicio político relámpago por 76 votos, 41 en contra y una abstención.
La oposición acusa a Castillo, un maestro rural de 52 años, de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además le critican sus constantes crisis ministeriales que se traducen en cuatro gabinetes, algo inédito en Perú.
Para hacer realidad su deseo los opositores apelan a un polémico y flexible artículo constitucional, que permite destituir al presidente en base a una evaluación política más que jurídica.
“Declárese la permanente incapacidad moral del Presidente de la República, ciudadano José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución política del Perú“, dice el texto de la moción de destitución.
En coincidencia con el juicio político al presidente, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos divulgada este lunes por el diario La República reveló que el 79% de los peruanos reprueba el desempeño del Congreso, por sobre la desaprobación a Castillo (66%, según el último sondeo de Ipsos, tres puntos menos que en febrero).
Desde 2017, por el Congreso de Perú han pasado seis mociones de vacancia. Pedidos similares provocaron la caída de Pedro Pablo Kuczynski (derecha), en 2018, y Martín Vizcarra (centro), en 2020.
Una de las razones por las que se volvió recurrente ese mecanismo es la ausencia de mayoría parlamentaria del gobierno de turno. Ello ocurre desde 2016, cuando Perú ingresó a una dinámica de choque de poderes que lo llevó a tener hasta tres presidentes en una semana en noviembre de 2020.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos ha mostrado su preocupación señalando que “la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de Perú, lo cual puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos”.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se solidarizó con Castillo e instó a respetar la “voluntad popular”, en un comunicado del 14 de marzo.
A pesar de la tensión política, Perú se encuentra en calma y todas las actividades públicas y privadas se desarrollan con normalidad.
