Colapsados están los albergues que reciben a cientos de migrantes que han llegado en las últimas semanas a la ciudad de Danlí, en el departamento de El Paraíso, en las últimas semanas.
La problemática se debe a la incapacidad de pago de una sanción administrativa que impone el Instituto Nacional de Migración (INM), según explicó la representante de la Red de Promotores y Defensores de Derechos Humanos, Kenia Zerón.
Zerón detalló que lamentablemente los migrantes extranjeros no tienen la capacidad económica para pagar la sanción administrativa que les aplica el INM, que es de 4,782.66 lempiras, es decir, cerca de 200 dólares.
Al no poder cancelar el monto en mención, cada día más migrantes se quedan a la deriva en Danlí, sin poder abandonar el país.
PROYECTOS SOLIDARIOS
Ante esa problemática, y para que los extranjeros no pernocten en las calles de la ciudad, la Iglesia Católica del municipio habilitó un albergue para hospedar a esos migrantes y también la sociedad civil creó otro centro con la misma finalidad.
A pesar de que ambos albergues abren sus puertas a todos los migrantes “varados” en Danlí, es tanta la cantidad de quienes precisan de estos servicios que las instalaciones ya están colapsadas.
Cada día, más migrantes de distintas partes del mundo siguen llegando a Danlí, como parte de su ruta rumbo al “sueño americano”.
Zerón lamentó que las autoridades del INM no se hagan presentes en los albergues y que desde la capital solo envíen comisiones que conocen del problema, pero cuyos integrantes no son tomadores de decisiones.
DATOS
La representante de la Red de Promotores y Defensores de Derechos Humanos, Kenia Zerón los diputados del Congreso Nacional deben buscar una solución al problema y derogar el artículo de la Ley de Migración de Honduras que establece el pago de la sanción administrativa por ingreso irregular al territorio nacional.
SIN “PISTO”
ATRAPADOS EN LA CIUDAD
Para los migrantes, pagar la sanción implica quedarse muchos días en los albergues de Danlí e ingeniárselas para conseguir el monto exigido.
A criterio de los afectados, la cantidad que les solicitan ni siquiera la llevan consigo al emigrar de sus propios países.
Las familias que han emigrado son las que se llevan la peor parte, pues el pago de la multa es individual, es decir, unos 200 dólares por persona, por lo que entre más hijos tiene la pareja, más cara les resulta la sanción.
