Escuchas telefónicas ¿miedo a ser descubiertos?

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31 de marzo de 2022
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12:01 am
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Escuchas telefónicas ¿miedo a ser descubiertos?

Por: Carlos G. Cálix
carlosgcalix.com

El año pasado, la Audiencia de Barcelona avaló las escuchas telefónicas ordenadas en el “caso Voloh”, precisamente, una investigación sobre presuntos delitos de corrupción cometidos por exdirigentes de Convergéncia y de Esquerra Republicana.

Las líneas de investigación destacan el presunto desvío de dinero público y el supuesto enriquecimiento de exdirigentes que tenían conexiones políticas cercanas al expresidente Carles Puigdemont, quien huyó de la justicia. La intervención de las comunicaciones en este caso, se ajustó a derecho en virtud de las sospechas fundadas de delito. El resultado fue que más de veinte personas fueron requeridas por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales. Ante este ejemplo europeo, surge la primera pregunta ¿cuántos políticos y empresarios hondureños tienen miedo a que se les abra una causa por delitos similares al caso Voloh?

Mientras pensamos. El diputado de Libre Rasel Tomé, dijo en una entrevista a TN5 Matutino, que la Ley de Intervención a las Comunicaciones, era inconstitucional y que en Honduras necesitamos que se respete el derecho a la intimidad, a las comunicaciones, al secreto. Y dijo que durante doce años esos derechos fueron vulnerados y que era muy común que trascendiera que a todo el mundo le estaban escuchando las comunicaciones, que estaban intervenidos sin orden judicial los teléfonos, y que eso hace que una sociedad se sienta expiada y restringida en sus derechos. Y que, a raíz de ello, junto a la comisión de asuntos constitucionales están procurando dar una revisión y si hay disposiciones que violen la constitución, inmediatamente debe presentarse una reforma. También manifestó que el abuso era evidente, que no había ciudadano, ni periodista, ni político, ni académico, ni comerciante que se sintiera tranquilo, que todo el mundo tenía la inquietud, la sospecha o la sensación de que estaban siendo expiados y que sus comunicaciones estaban siendo escuchadas.

Lo que el diputado no dijo es que, en el juicio oral y público sobre el caso de Bertha Cáceres, se develó que el mismo fue resuelto gracias a las escuchas. Por tanto, si se comprueba lo contrario, abrirán la puerta para que los abogados defensores de los presuntos implicados, argumenten inocencia. Conscientes de la importancia de esas conversaciones, las defensas de los investigados tratarán de tumbarlas, teniendo una baza a su favor: la derogación de la Ley de Intervención a las Comunicaciones.

Adicionalmente, tampoco mencionó que, debido a la intervención, muchos extraditables han sido localizados y se han documentado sus ilícitos. Sumado al caso de los concejales de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, de las juezas Wendy Caballero y Liz María Ernestina Núñez Cardona o el mismo expediente Shalom, en el que se otorgó la razón a la Fiscalía en lo concerniente a que no existió ningún tipo de vicio de nulidad en lo que respecta a la obtención de la prueba, por lo que se considera de origen lícito las escuchas telefónicas, el procedimiento y la tramitación para la solicitud de la misma. Lo anterior, “por mayoría” del Tribunal, según la página oficial del Ministerio Público.

Ante esto, surgen las siguientes preguntas: ¿al reformar la ley, pretenden encubrir algo? O ¿tienen miedo y quieren evitar que salga a la luz algún nexo?

Mi conclusión:
La Ley de Intervención a las Comunicaciones ha sido fundamentada en tratados internacionales que incluyen los convenios de Palermo, Viena y Budapest. Por ende, la comunidad internacional avala las prácticas según el caso y conforme a ley. Adicionalmente sería interesante conocer el número de secuestros, extorsiones y otros delitos que se han logrado resolver o prevenir desde que la ley fue aprobada. De tener resultados positivos y se demuestre que ayudó en muchos casos a ejercer justicia ¿por qué habría que reformarla? O ¿por qué derogarla? En todo caso, si el perjuicio es mayor, no bastará solo con derogarla, sino que deberán de prever la forma en que se atenderán las solicitudes basadas en el principio de retroactividad de ley.

De igual forma, luego que el diputado Tomé manifestara que no había ciudadano, ni periodista, ni político, ni académico, ni comerciante que se sintiera tranquilo por las escuchas, sería genial que mostrara estadísticas fehacientes y pruebas de ello ante los organismos competentes y luego en los medios de comunicación. También sería interesante que se pudieran mostrar los mecanismos de acción en caso de un aumento de los secuestros y las extorsiones.

Carlos G. Cálix es Doctor en Ciencias Administrativas, profesor del Doctorado en Dirección Empresarial en la UNAH y cofundador de Grupo LIX, Pericia Consultores y FESEL. Tiene un postdoctorado por el CONICET en el IIESS-Argentina. Autor de El fin de la democracia y el último liberal, El modelo de desarrollo que La Ceiba necesita y próximamente La Presidenta ¿Una solución o un gran problema?

 

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