Managua, 31 mar (EFE).- Una coalición de ONG internacionales y nicaragüenses celebró este jueves que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobara una resolución que establecerá un grupo de tres expertos para investigar posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua en el marco de la crisis que comenzó en 2018.
En abril de 2018 estalló una revuelta popular calificada como un intento de golpe de Estado por el Gobierno de Daniel Ortega.
“Desde el Colectivo 46/2 celebramos el establecimiento de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua”, dijo Natalia Yaya, de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), en una declaración escrita.
Saludó el liderazgo de los países de la región que presentaron esa resolución, así como el apoyo de Argentina y México.
La resolución, aprobada con 20 votos a favor de países miembros, 7 en contra y 20 abstenciones, decide la formación de este mecanismo de investigación con el mandato de “recolectar, preservar y analizar información y evidencias” sobre esas posibles violaciones de derechos humanos, “identificando a sus responsables”.
Con un mandato inicial de un año, esta misión tendrá una labor similar a la aprobada en 2019 para Venezuela mediante otra resolución del Consejo de Derechos Humanos, por lo que es el segundo mecanismo de investigación de este tipo para países de Latinoamérica.
La resolución había sido presentada por Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú, y ha contado con el patrocinio de cerca de medio centenar de Gobiernos.
“LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD”
“Este mecanismo era el lógico, necesario y esperado próximo paso a tomar para hacer frente a la impunidad que sigue alimentando las graves violaciones a derechos humanos en Nicaragua”, dijo Ligia Gómez, portavoz del organismo nicaragüense Urnas Abiertas.
“Ante un Gobierno que ha cerrado todos los canales de cooperación con la ONU, profundizando la crisis dentro del país, la comunidad internacional allana el camino hacia futuros procesos de justicia con la creación de este mecanismo”, añadió.
Según la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, “Nicaragua lleva más de cuatro años inmersa en una profunda crisis de derechos humanos que ha sido analizada en detalle por el Consejo de Derechos Humanos”.
En este contexto, “las autoridades no han mostrado ninguna intención de cooperar ni con Naciones Unidas ni con el sistema interamericano de derechos humanos”, agregó.
Para Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, ese mecanismo “es una herramienta para la defensa de derechos y la lucha contra la impunidad, así como un respaldo a las víctimas”.
MENSAJE PARA ESTADOS VIOLADORES DE DD.HH.
“Es fundamental garantizar que las graves violaciones cometidas durante las protestas de 2018, incluidos los asesinatos, las torturas, las agresiones y otros actos de violencia sexual y de género, así como otros abusos, incluyendo aquellos en contra de pueblos indígenas y afrodescendientes no queden impunes”, declaró, por su parte, Tania Agosti, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).
“El mecanismo adoptado hoy por el Consejo es uno de los más fuertes que existe: permitirá identificar responsables de las violaciones cometidas en Nicaragua, y preservar evidencias para futuros procesos de justicia”, señaló Raphael Viana David, del International Service for Human Rights (ISHR).
“Envía un mensaje claro a todos los Estados de que no se tolerará la no cooperación con el sistema universal, y el desentendimiento ante las violaciones graves de los derechos humanos”, agregó.
La resolución reclama a las autoridades nicaragüenses el cese de las detenciones arbitrarias y la intimidación, la liberación inmediata de los detenidos injustamente y la investigación de casos de acoso a líderes políticos, periodistas, activistas y otros críticos con el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Menciona expresamente y lamenta la reciente muerte del prisionero político Hugo Torres, histórico exguerrillero sandinista fallecido el 12 de febrero tras meses de detención “en condiciones indignantes”. EFE
