POR mucha adicción de los zombis al griterío de las redes, es la prensa convencional la que sigue formando a las sociedades, e informando con mayor veracidad. La que –pese a sus falencias– continúa orientando a la opinión pública y educándola sobre tópicos de interés colectivo. En todas partes, menos aquí, legislan para enmarcar esas plataformas de interconexión –que por su reciente desarrollo han operado sin controles ni parámetros de responsabilidad– a la misma regulación a que están sometidos los medios tradicionales. En Estados Unidos, Canadá, algunas naciones centroamericanas y en varios países europeos, por ejemplo, están legislando para defender sus mercados de la explotación indebida y abusiva de los gigantes tecnológicos. Protegerlos, al igual que a sus ciudadanos, de la influencia dañina ejercida por algoritmos tramposos que utilizan para robotizar la mente de las personas.
Fijarles límites y criterios éticos de comportamiento que disminuyan la tóxica manipulación instigadora de conflicto –la práctica mediante la cual logran agenciar mayor enganche de usuarios para multiplicar sus excesivas ganancias– de enfrentamiento y división de los pueblos. “Los algoritmos de distribución de contenidos en las redes sociales son una poderosa arma para la distribución de noticias falseadas y la construcción de burbujas de información en ciertos segmentos de la ciudadanía”. Mientras se puede deducir responsabilidad legal a los medios convencionales, por calumnias, diatribas, delitos contra el honor, y distorsión informativa, quienes operan las plataformas digitales –asombrosa e inexplicablemente– no están sometidos al mismo rasero. Desde Silicon Valley operan y transmiten en total impunidad. Ya que los datos personales se han convertido en bienes valiosos de estos conglomerados de tecnología, también la legislación incluye “formas de transparentar y regular la forma como las empresas de TI recopilan, usan, comercian y monetizan los datos de las personas”. Muchos gobiernos han instalado escudos que bloquean la invasión de esas plataformas tecnológicas. Otros están en proceso de revisar su normativa para ponerlos en cintura. Legislación actualizada que rompe la competencia desleal que ejercen en el mercado doméstico. (Estas plataformas tecnológicas no solo usan sin costo alguno el contenido ajeno de otros medios, sino que arrebatan la publicidad de sus mercados sin pagar un tan solo centavo al país).
Mientras los medios nacionales están sujetos a todo tipo de cargas impositivas, asumen todos los costos de operación que implica funcionar en el país donde se ubican, y están sometidos a las obligaciones de sus leyes nacionales, estos gigantes tecnológicos invaden y explotan el mercado local sin costo alguno. Gozan de la ventaja de usufructuar los beneficios de los mercados domésticos desde ese espacio virtual del mundo cibernético. ¿Y aquí cuándo legislan para lograr la deseada equivalencia? Someter lo que no está regulado a los mismos parámetros y obligaciones, normas de conducta y de ejercicio, de los que sí lo están. Y algo más, los países legislan en defensa de sus bienes nacionales, de sus empresas, de su economía y de sus trabajadores. (Defender lo propio –apunta el Sisimite– y no lo ajeno. A propósito, muy distinto de quien anda queriendo hacer méritos con lo ajeno, en vez de poner lo suyo).
