El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentaron este martes el informe «Los altos funcionarios de Sedis que cerraron con broche de oro su concierto de corrupción», exponiendo los resultados encontrados en la primera línea de investigación realizada por esta instancia.
En la investigación, el organismo anticorrupción logró identificar que, al firmar los 581 acuerdos de nombramiento, el 09 de diciembre de 2021 Ricardo Leonel Cardona López y Elan Fernando Vásquez Ayestas violentaron las disposiciones legales contenidas en la Constitución de la República de Honduras.
Así como los principios de sana y buena administración de los fondos públicos contenidos en el artículo 5 de la Ley General de la Administración Pública, al haberse firmado sin cumplir el proceso legalmente establecido y sin fundamento legal autorizante.
El CNA logró evidenciar que en el otorgamiento de 581 acuerdos de nombramiento firmados por Cardona y Ayestas existe una gran cantidad de puestos con variaciones salariales entre sí, con un porcentaje de diferencia salarial del 354.55% superior entre uno y otro.
Además, se logró constatar la mala gestión de los procesos de solicitud de modificaciones presupuestarias a lo interno de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), ya que la subgerencia de presupuesto de la Secretaría no cuenta con un documento oficial, ya sea un manual de procedimientos o lineamientos relacionados al proceso de solicitud de modificaciones presupuestarias.
El CNA ha cuantificado, mediante el análisis financiero, un impacto económico en las finanzas de Honduras, producto de la afectación de siete líneas presupuestarias, cargando nombramientos sin la existencia de la necesidad de dichos puestos, por un monto anual de 172 millones 794 mil 330 de lempiras.
Según el CNA, esta suma fue autorizada el 26 de enero a las 10:28 de la noche por la exviceministra de Finanzas, Roxana Rodríguez Alvarado, denotando, con ello, la urgencia de resolver una situación ejecutada al margen de la ley y de los principios de eficiencia del recurso público.
Se determinó un perjuicio económico contingente de 178 millones 845 mil 912 lempiras como consecuencia del pago de una eventual nivelación salarial por concepto de variación de sueldos en cada uno de los puestos creados.
“Se pudo constatar un total de 87 personas con acuerdo de nombramiento firmadas por Cardona y Ayestas, que no debían ser nombrados por no cumplir los requisitos mínimos del puesto, de acuerdo a las 400 evaluaciones realizadas por la Dirección General de Servicio Civil, durante el período comprendido del 26 de noviembre al 29 de diciembre de 2021”, finaliza el informe.
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— CNA Honduras (@cnahonduras) April 19, 2022
