Managua, 19 abr (EFE).- La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció este martes que el Gobierno de Nicaragua pidió ante la Asamblea Nacional (Parlamento) su cierre y su ilegalización para evitar que documenten los supuestos abusos de autoridad.
“No hay voluntad, por parte del Gobierno (del presidente Daniel Ortega), que hayan organismos de derechos humanos que estemos documentando los abusos que se cometen en este país”, señaló el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, en conferencia de prensa.
Según el activista, la CPDH es la última organización que promueve y defiende los derechos humanos de manera legal en Nicaragua, ya que desde diciembre de 2018 el Gobierno ha despojado la personalidad jurídica a distintas ONG similares, entre ellas el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh).
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, se han ilegalizado al menos 112 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por el presidente Ortega.
Las últimas 25 ONG, entre ellas la filial nicaragüense de Operación Sonrisas, fueron anuladas el 17 de marzo pasado.
Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas, y centros de pensamiento, entre otras.
El Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas.
Además, en 2018 dio por terminada la misión de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otra de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
GUARDAN DENUNCIAS EN ARCHIVOS DIGITALES
Carmona sostuvo que, con la decisión del Gobierno nicaragüense, “no sólo están afectando a la institución como tal, están afectando a todo el pueblo de Nicaragua, porque de alguna manera era la única institución que estábamos (legalmente) para documentar las arbitrariedades y los abusos que se cometen desde los diferentes poderes del Estado y desde los diferentes funcionarios”.
Según la solicitud del Ejecutivo, que se espera sea presentada mañana ante el pleno del Parlamento, de mayoría oficialista, la CPDH y otras 24 ONG han incumplido con sus obligaciones de ley, como el no registrarse como “agentes extranjeros”, o no entregar sus estados financieros con sus desgloses detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones, ni sus juntas directivas.
El representante de la CPDH recordó que la organización ya había intentado entregar dichos documentos al Ministerio de Gobernación y que esa cartera se negó a recibirlos.
El 1 de marzo pasado la CPDH ya había denunciado públicamente que el Gobierno de Nicaragua la quería “ilegalizar”, porque se negaba a recibir su documentación.
Carmona, quien calificó de “dolorosa” la decisión estatal, en especial a un día de que la CPDH cumpliera 45 años de haber sido fundada, dijo no entender que la ONG sea cancelada por los mismos diputados sandinistas a quienes defendió en décadas pasadas.
El defensor agregó que por ley los bienes de la CPDH pasarán a manos del Gobierno, pero afirmó que la información de los casos de opositores a quienes defienden están seguros en formatos digitales.
Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que se acentuó en las elecciones de noviembre pasado, cuando Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. EFE
