Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno*
Han transcurrido más de 2 meses desde que doña Xiomara Castro fue juramentada como Presidenta de la República, iniciando así con su gobierno para el período 2022-2026, para el que fue elegida con una diferencia abrumadora en las elecciones generales del mes de noviembre del año anterior, en las que el voto de castigo fue determinante para el triunfo de la hoy Presidenta.
La elección y juramentación de la nueva Presidenta de la República generó muchísimas expectativas, especialmente después de 12 años de gobierno del Partido Nacional, marcados por la corrupción, incapacidad, improvisación, en los que el país quedó endeudado tanto a nivel interno como externo, como nunca en la historia; el erario público fue saqueado descaradamente y para rematar, el territorio nacional fue utilizado impunemente para el tráfico de drogas con la complicidad de varios de los entonces altos funcionarios, que en teoría estaban encargados de combatir dicho delito, al punto que algunos han sido solicitados en extradición por el gobierno de los Estados Unidos de América donde han sido acusados por deltos relacionados con el tráfico de drogas, y otros simplemente han abandonado el país, tal si fueran ratas que abandonan el barco antes de hundirse.
Dada la situación crítica en el país, el nuevo gobierno debió tomar cartas en el asunto desde el mismo 27 de enero, empezando a enfrentar responsablemente la situación heredada y que se ha visto acentuada por el exagerado incremento del precio internacional del crudo debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que ha venido a repercutir en el precio de los combustibles y la energía eléctrica y por consiguiente en el precio de practicamente todos los productos y servicios a lo interno del país, sin embargo en muchos asuntos, se han dedicado a pober excusas y justificarse, en lugar de empezar a solucionar los problemas.
La percepción generalizada entre la población es que a estas alturas, el nuevo gobierno no termina de arrancar, ya que transcurrieron varias semanas para nombrar a los titulares de varias Instituciones, y dicho sea de paso, algunos de los nombramientos han sido bastante cuestionados por la falta de idoneidad, capacidad y experiencia de los mismos, algunos de los cuales pasaron con más pena que gloria por el gobierno del denominado Poder Ciudadano. De igual manera se ha criticado el nombramiento de algunos parientes de la Presidenta de la República y de altos funcionarios, lo que si bien es cierto no es prohibido por la ley en todos los casos, desde el punto de vista ético es bastante discutible. Especial mención al exagerado protagonismo que está teniendo el esposo de la Presidenta de la República, lo que genera suspicacias respecto a quien gobierna y toma las decisiones en la realidad.
Uno de los aspectos más lamentables en este inicio de gobierno, ha sido la aprobación de la denominada “Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan”, que más allá del pomposo nombre y de ser aprobada por un Congreso Nacional cuya Junta Directiva ha sido cuestionada por la legalidad de su elección”, ha servido para liberar de responsabilidad a exfuncionarios del gobierno del período 2006-2009 que fueron acusados por graves actos de corrupción, algunos de los cuales han regresado al país casi como redentores de la Patria.
Dificil tarea la que tiene la Presidenta de la República en cuanto a intentar al menos, enmendar el rumbo del país después de 12 años de desatinos, así como mantener la credibilidad respecto a su gestión, ya que si bien es cierto fue elegida por una mayoría de votos, incluyendo un amplio respaldo del voto independiente, hasta la fecha parece que han sido más sombras que luces.
Que Dios guarde a Honduras.
*Abogado y Notario.
Máster en Derecho Empresarial
