El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) tiene a disposición la innovadora prestación del servicio de la declaración jurada móvil en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG), durante la semana comprendida del 18 al 22 de abril de 2022.
El TSC desplazó personal contralor a la sede del CCG, primer nivel, contiguo a la Gerencia de Extranjería, del Instituto Nacional de Migración, Plaza Tolupán, a fin de recibir las Declaraciones Juradas de Ingresos, Activos y Pasivos, y entregarles su respectiva constancia a los empleados y funcionarios obligados que laboran en las oficinas que se ubican en el Centro Cívico.
Con esta iniciativa, el ente contralor pretende facilitar y agilizar la prestación de un servicio de suma importancia para todos los funcionarios públicos obligados a declarar sus bienes ante el ente contralor del Estado de Honduras.
De esta manera, los servidores públicos obligados del CCG se verán beneficiados con el ahorro de tiempo al no tener que desplazarse a la sede del TSC a cumplir con la presentación de su declaración jurada, evitar el incumplimiento de dicho deber legal y prevenir posibles contagios por la COVID-19.
La Ley Orgánica del TSC establece que durante los meses de enero, febrero, marzo y abril los servidores públicos obligados deberán presentar, en la sede del ente contralor del Estado, la respectiva actualización anual de su Declaración Jurada de Ingresos, Activos y Pasivos.
Esta ley dispone que están obligados a presentar la declaración jurada de bienes los funcionarios que devenguen un salario igual o mayor a 40,000 lempiras o aquellos que aún sin devengar dicha cantidad manejen, custodien, administren o tengan a su cargo bienes o fondos del Estado.
Además, los empleados y funcionarios obligados que cesaron en sus cargos a partir de diciembre de 2021 y los que asumieron por primera vez funciones en lo que va del año 2022, tienen plazo hasta el 30 de abril de 2022 para presentar ante el TSC la Declaración Jurada de Ingresos, Activos y Pasivos.
El TSC advirtió que la omisión de cumplir con este deber legal dará lugar a la imposición de una multa equivalente a 5,000 lempiras.
El Reglamento de la Ley Orgánica del TSC establece que quien omita este deber quedará en suspenso en el desempeño del cargo o empleo sin goce de sueldo, hasta que cumpla con la obligación, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales que fueren procedentes. (XM)
