PERFILES
Por: Carolina Alduvín
El Artículo 5 de la Constitución de la República de Honduras señala que: “el gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa del cual se deriva la integración nacional, que implica la participación de todos los sectores políticos en la administración pública a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional”. Este texto, se interpreta en base a criterios de partido, más que de ciudadanía. Y, dada la partidización de cada instancia de la vida gubernamental, donde lo que prima son intereses económicos y de poder, sobre el bienestar común de los ciudadanos, y que los ciudadanos no se sienten ni están representados por la caterva de alagartados, corruptos, aprovechados y acomodados que, en cada elección se colocan como diputados –con honrosas excepciones que confirman la regla, a quienes se les limita o niega la palabra en las sesiones del Legislativo, no vaya a ser que pongan a pensar a la borregada.
Sucede que entonces, los ciudadanos buscan otras formas de participar en la vida política, tratando de incidir en decisiones clave para mejorar la vida nacional desde diferentes instancias. Uno de los temas que despiertan interés es la lucha en contra de las prácticas corruptas que, a lo largo de los últimos años se han incrementado en número, frecuencia e intensidad, alentadas por una generalizada cobertura de impunidad, que se da a vista y paciencia de todas las instancias creadas para supuestamente prevenirlas, combatirlas e, idealmente erradicarlas. Por ejemplo, el Consejo Nacional Anticorrupción CNA, creado a principios de siglo con una composición mixta de doce funcionarios de gobierno y doce representantes de sociedad civil, financiado por la cooperación internacional. Su principal logro fue poner el tema de la corrupción en la agenda nacional, además de la elaboración y socialización de la primera Estrategia Nacional Anticorrupción 2001-2006, a cargo de la sociedad civil.
A partir de 2005, su composición deja de ser mixta, quedando conformado por doce grupos de sociedad civil: Conferencia Episcopal, Confraternidad Evangélica, Consejo de la Empresa Privada, Consejo de Rectores de Universidades, Confederación de Trabajadores, Confederación de Cooperativas Campesinas, Federación de Colegios Profesionales Universitarios, Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo, Asociación Nacional de Empleados Públicos, Asociación de Municipios, Asociación de Medios de Comunicación y el Foro Nacional de Convergencia, creado este último como instancia de verificación y seguimiento independiente del cumplimiento de la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras, y a su vez está integrado por siete representantes de la misma sociedad civil que, ostentando personalidad jurídica, sean convocados por el presidente de la República. Se calcula que este conjunto de organizaciones agrupa a casi un millón de ciudadanos afiliados a sus asociaciones miembros.
Obviamente, no todas las personas están ahí, por lo que día con día se crean más y más grupos que, tarde o temprano, claman no estar representados en alguno de los componentes. Alegan además que el CNA carece de independencia, puesto que su funcionamiento si bien sigue financiado por fuentes externas, los recursos se canalizan a través del Estado, según su decreto de creación. Hay incluso denuncias sobre que las firmas recolectadas entre la ciudadanía, para presentar al Congreso exigencias, tal como la derogación de la ley en base a la cual funcionan las polémicas ZEDE, se las apropió el CNA y en tal virtud, la iniciativa perdió fuerza y credibilidad. El proceso para lograrlo es sencillo según los expertos en temas constitucionales, pero al parecer, se va a pasar la marca de los 100 días y quedará como otra promesa incumplida.
Inconformes no faltan, algunos con ganas de fastidiar más que otro propósito, como un supuesto frente estudiantil que solicita la nulidad total de las elecciones estudiantiles recién realizadas en la UNAH, por una razón tan fuera de foco como el haber sido pospuestas debido a algo que afectó no solo a nuestros centros educativos, sino al mundo entero. Ahora con una nueva propuesta de ley para la próxima selección de magistrados para la CSJ y fiscal general, se espera que la participación de la ciudadanía en el proceso de nominaciones sea ampliada y el proceso se depure para que ninguna persona o grupo reclame no haber metido su cuchara.
