El Gobierno de Nicaragua justificó este lunes la ocupación por parte de la Policía Nacional de las oficinas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Managua, tras la expulsión del organismo del país anunciada en la víspera.
Tanto el canciller nicaragüense, Denis Moncada, como la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, explicaron por separado y a través de medios oficiales, que la ocupación de la sede de la OEA se derivó directamente de la expulsión del organismo de Nicaragua.
“En términos prácticos y concretos, dijimos, ¿verdad?: expulsamos a la OEA”, respondió Moncada al ser consultado por el tema en el canal 4 de televisión local, de perfil oficialista, mientras pasaban imágenes de agentes de la Policía Nacional instalada en el edificio.
Más tarde, Murillo, quien además de vicepresidenta es la esposa del mandatario Daniel Ortega, reforzó las palabras del canciller.
“Por eso ayer dijimos que los expulsamos de Nicaragua, y que salimos completamente de ese organismo interventor”, declaró la vicepresidenta.
La OEA denunció que el Gobierno de Ortega ha “ocupado ilegítimamente” sus oficinas en Managua, en “violación de las más elementales normas internacionales”.
“Sus oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad. Su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias”, declaró la Secretaría General de la OEA.
Según esa organización, a pesar de que Ortega inició en noviembre pasado el proceso de retiro de Nicaragua del organismo al denunciar la Carta de la OEA, esta no se hará efectiva hasta fines de 2023, siempre que el país haya cumplido con todas las obligaciones del Sistema Interamericano.
“Hasta tanto, Nicaragua es miembro pleno de la Organización y debe cumplir con todas sus compromisos. El artículo 33 de la Carta de la OEA garantiza la inmunidad de sus actividades en los países miembros”, argumentó.
“Exigimos al Gobierno nicaragüense el respeto a las obligaciones que hoy rigen su relación con la OEA y con toda organización internacional de la cual Nicaragua es parte”, agregó.
El Gobierno de Ortega y la OEA han tenido roces desde 2016, cuando el organismo propuso un diálogo para realizar reformas electorales que garantizaran unas elecciones democráticas en Nicaragua.
Las diferencias se acentuaron en 2018, cuando su Consejo Permanente inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua por “rompimiento del orden constitucional”, tras la crisis sociopolítica que estalló ese año en el país centroamericano.
La situación llegó a un punto límite cuando la OEA rechazó la legitimidad de las elecciones de Nicaragua en noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para su cuarto mandato consecutivo y segundo con su esposa como vicepresidenta, con siete adversarios en prisión y dos en el exilio, tras lo cual el Gobierno nicaragüense denunció la Carta del organismo. EFE
