Por: Edmundo Orellana
Con la derogación de la reforma constitucional y la ley respectiva, promovida por la Presidenta de la República, las ZEDE están a punto de ser un hecho del pasado en el país.
Los que ayer perpetraron el crimen más odioso que ciudadano alguno pueda cometer contra su patria -entregar a extranjeros las potestades soberanas, la jurisdicción y el territorio nacional-, no pueden cubrirse con el perverso manto de la impunidad.
Los que aprobaron la reforma constitucional y la ley orgánica de las ZEDE, los que pretendieron vanamente conferirle constitucionalidad al zarpazo contra la integridad nacional y los que se atrevieron, sin previa autorización del Congreso, a autorizar el funcionamiento de las ZEDE y la operación de empresas en esas ignominiosas demarcaciones territoriales, deben responder por los daños inferidos a la dignidad nacional.
Tan conscientes fueron de la dimensión de su crimen que buscaron la manera de evitar su castigo eliminando del Código Penal el delito de traición a la patria. Afortunadamente, en su ignorancia y torpeza dejaron vigente en la Constitución la norma que expresamente reconoce el delito de traición a la patria en casos como los relacionados en el párrafo anterior, permitiendo, ahora, exigir el castigo contra quienes resulten responsables con apego a la Ley Fundamental.
Es deber ineludible del Ministerio Público proceder como manda la Constitución, en defensa, protección y representación de la sociedad hondureña. Si no se procede, es aceptar que la dignidad nacional carece de valor y que atentar en su contra no es un delito o lo es de poca monta.
No se trató de una invasión extranjera ni de una imposición imperial. Fue una entrega servil, vulgar, cínica y repugnante que colocó al país en una posición sumamente peligrosa por sus consecuencias. Rechazaron las fórmulas que el ordenamiento jurídico provee para atraer capital extranjero al país en condiciones que no dañen los intereses nacionales, pero que ofrezcan garantías al inversor, como la concesión y otras, algunas impulsadas por ellos, defensores rabiosos del neoliberalismo, introducido al país por un gobierno del mismo partido que creó las ZEDE, que pareciera un instrumento de depredación porque se inició saqueando los recursos públicos, siguió con los naturales y ahora intentó con la soberanía nacional.
Son acciones que manifiestan un desprecio absoluto por el país y su gente. Mientras ellos estén bien, que a los demás se los lleve el diablo. Para protegerse de las consecuencias provocadas construyeron ese complejo sistema de impunidad que al gobierno actual le llevará mucho tiempo desmontar.
Pareciera que el maligno los inspiró dotándolos de imaginación para crear un intrincado diseño que fuese difícil de suprimir. Este es el caso de las ZEDE que su normativa, pese a su derogación, sigue vigente todavía. Las que operan pueden seguir hasta diez años después de derogada la normativa que las creó. Afortunadamente, otra vez su ignorancia y torpeza los llevó a cometer errores garrafales, como en el que incurrió el Comité de Buenas Prácticas estableciendo las ZEDE y autorizando a las empresas que operan en las mismas, sin cumplir con los requisitos exigidos por la Constitución y la ley; esto es, que para autorizarlas previamente debían ser creadas por el Congreso Nacional.
Bastará, entonces, pedir que esas autorizaciones se declaren nulas para que las mismas dejen de tener efecto jurídico, retrotrayéndose al momento de su fecha. Nulidad que pueden pedir los afectados en las áreas en donde operan esas manifestaciones grotescas del capitalismo, por ser ellos los que ostentan legitimación para reclamarlo.
La derogación es el primer paso. Ahora sigue lo demás, en un plano inferior, pero, igualmente, decisivo para culminar el proceso de eliminación de ese engendro del mal.
Aquellos que participaron en este acto criminal, ahora enfrentan otro problema y más grave. Ya comenzaron a mencionarlos las autoridades del Departamento de Justicia del país del norte. Esa deshonrosa entrega al dictador para acompañarlo incondicionalmente en sus fechorías les pasará factura a muchos de los responsables de las ZEDE. Que así sea. Porque en estas tierras nada pasará mientras sigan las mismas autoridades liderando el sistema de justicia, algunos de ellos extraditables, seguramente. Por eso, es importante insistir en la necesidad de garantizar que el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema sea lo más transparente posible para elegir a los que su hoja de vida garantice que proveerán seguridad jurídica, no impunidad. Para que nunca más regresen las prácticas corruptas del pasado, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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