Rafael Delgado
Ante una realidad imposible de esconder, han sido constantes las denuncias que diferentes sectores han hecho, señalando los alarmantes niveles de corrupción y de infiltración del narcotráfico en las más altas estructuras de poder del país. Estas fueron muy claras en indicar que tanto la política como los negocios fueron espacios, y siguen siéndolo, donde la ilegalidad anda libremente. Ahora los hechos, uno tras otro, siguen dándole la razón a la denuncia del ayer reciente, negada insistentemente por los señalados.
Estábamos dentro del peor escenario imaginable para un país, que como toda sociedad, desea salir adelante, pero no puede. El hecho que en días recientes Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras por un período legal y otro ilegal, fuera extraditado a los Estados Unidos acusado por narcotráfico, nos confirma tal situación. Pese que está todavía lejos el veredicto, esta extradición y la que viene del exjefe de la Policía Juan Carlos Bonilla, son muy aclaradoras de las circunstancias sumamente irregulares en que hemos vivido. Pero la vergüenza para el país no termina aquí y lo que viene revelará más sobre el involucramiento de otros políticos, funcionarios y empresarios quienes no solamente cometieron delitos contra EUA; también causaron un severo daño a la institucionalidad hondureña y al país entero.
Pero hay algo muy preocupante en todo esto y que indudablemente configura el escenario del llamado narcoestado. Por más denuncias que se hicieron, a pesar de las solicitudes de extradición y evidencias sobre el involucramiento de altas figuras incluyendo al que todavía era presidente, nunca ocurrió algo dentro de la institucionalidad del país para combatir el crimen ni empezar para un proceso de saneamiento. Todo, o casi todo, fue neutralizado.
Desde los partidos políticos tuvo que venir alguna reacción ante lo que estaba ocurriendo, pero no sucedió. En situaciones más o menos normales, estas instituciones constituyen filtros que castigan, neutralizan y no promocionan a dirigentes que por su ilegal conducta representan un peligro para la vida institucional y para su imagen. Aquí en esta Honduras ocurre totalmente lo contrario: los partidos políticos han sido insensibles frente a lo que es mérito o desmérito; respecto a lo que conviene o no conviene al país. Estos más bien han actuado como instrumentos y escudos de los delincuentes e infractores de las reglas más elementales de la convivencia. Por tanto, la vía por donde se llega al poder político está controlada a la medida del narco y el delito.
También desde las instituciones de la justicia del país se debió actuar para darle seguimiento a tanto abuso y a abundante evidencia sobre la vinculación del narcotráfico con el poder y el dinero. Pero tampoco se quiso actuar desde allí. El silencio fue lo que se escuchó desde las oficinas de los operadores de justicia del país. Ocurrió la degradación de este poder del Estado convirtiendo a mucho de sus magistrados, jueces y fiscales en monigotes del diktat del narco en su afán por envolver al país. En efecto, otra evidencia más de la existencia de algo más que una red del crimen, sino de un narcoestado.
El Poder Ejecutivo, dividido en centenares de instituciones públicas fue el lugar desde donde se cometieron horribles abusos. Se supo y se denunció, pero sus autoridades sometidas a los designios de una cúpula corrupta, así como las entidades especializadas en transparencia y rendición de cuentas comprometidas, tampoco hicieron algo relevante para frenar el ascendente proceso del narco. El Poder Legislativo a su vez, fue claramente identificado como un espacio donde muchos llegaron allí a través de horribles fraudes y además financiados por el narco. Claramente eran cualquier cosa menos representantes de los intereses legítimos del país, pero no hubo ni la menor sanción para ellos.
Hoy estamos frente a hechos que ponen un pesado señalamiento sobre el Estado hondureño. Por ello nos corresponde decidir si queremos seguir hundiéndonos en el fango o dar pasos hacia un proceso restaurador que elimine los elementos que configuran la fatalidad de un país preso desde arriba hasta abajo por el crimen y el narco.
