La Presidenta Xiomara Castro sancionó la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), cuyo efecto inmediato deja en “el aire” las inversiones Morazán, en Choloma; Orquídea en Choluteca y Próspera en Roatán, todas de capital extranjero y fundadas en el gobierno anterior.
La mandataria firmó el decreto, aprobado la semana pasada por el Congreso Nacional (CN), en Casa de Gobierno, y de inmediato lo mandó a publicar en el diario oficial La Gaceta, quedando vigente a partir de ese mismo día.
Tras la firma, el gobierno publicó en sus cuentas de twitter un mensaje que explica que “las ahora derogadas Zede, fueron aprobadas bajo un contexto de ilegalidad, el 23 de enero del 2013, por el CN, acción que despertó un descontento social por representar una violación a la Constitución, entrega de la soberanía y una clara usurpación a los tres Poderes del Estado”.
En un segundo mensaje, el sitio oficial del Ejecutivo agregó que “las ZEDE ubicadas en HN: Próspera, en Roatán; Ciudad Morazán en Choloma; y, Orquídea en Choluteca, eran un Estado dentro de otro, suplantaban funciones, competencias y atribuciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial y tenían la facultad de expropiar tierras a los hondureños”.
Durante la firma, la gobernante se hizo acompañar de Fernando García, el funcionario que nombró a principio de su gobierno para preparar el borrador que dio pie al dictamen derogatorio en el Congreso.
García, un experimentado economista y exfuncionario de varios gobiernos anteriores, concluyó en su informe que las Zede son inconstitucionales, motivo por el cual la mandataria prometió eliminarlas en su campaña política.
“HA SIDO UN ERROR”: PRÓSPERA
No obstante a la sanción presidencial, la derogación de este decreto debe ser ratificada dentro de un año por el Congreso, ya que se trata de una reforma constitucional impulsada por el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, en enero del 2013, siendo titular del Congreso; y el expresidente, Juan Orlando Hernández, defensor del proyecto con el fin de atraer inversión y generar empleos.
Por ahora, la vigencia frena la instalación de nuevas Zede y permite un reacomodo a las que ya estaban funcionando en el país, cuyos inversionistas se han pronunciado en contra y han anunciado demandas en contra del Estado.
“Al momento no hay quejas por nuestra parte, el Estado está siguiendo el proceso legal, creo que ha sido un error y un daño para Honduras, pero es prerrogativa del Congreso”, dijo al respecto el empresario Massimo Mazzone, propietario de Próspera.
Agregó que “espero que sigan según la ley, repitiendo la votación en un año y respetando los derechos adquiridos”.
Mazzone aseguró que su “proyecto completo son residencias para 15,000 personas, 100,000 metros industriales, oficinas, escuelas, hospital, deportes, iglesias, parques, supermarket, etc. 150M$ de inversiones, 10 invertidos al momento, más lo invertido por los clientes”.
“Y los únicos con los que negocié son los dueños anteriores de la tierra, que ahora hace parte de http://morazan.city. Todos, hondureños o extranjeros, pueden abrir una Zede, si tienen la tierra y la capacidad financiera de ejecutar los proyectos, sin tener que negociar nada”, agregó.
El empresario culpó a organizaciones no gubernamentales de orquestar campañas en contra de las Zede en el país, citando de ejemplo a la Fundación Ebert de Alemania, que desde hace 10 años, agregó, viene financiando los estudios al comisionado García, para estudios en contra de estas inversiones. (EG)
