Un plan para crear zonas especiales de autogobierno para inversionistas extranjeros en Honduras ha quedado en el limbo con la derogación del nuevo gobierno de una ley que muchos criticaban como rendición de la soberanía.
Las zonas fueron incentivadas por liberales de derecha y teóricos del libre mercado como una manera de atraer inversión extranjera al empobrecido país centroamericano. Fueron autorizadas por una enmienda constitucional, y la ley que las habilitó fue aprobada en 2013.
Pero la presidenta Xiomara Castro, quien asumió el cargo en enero, hizo campaña contra la ley y el lunes firmó una medida recién aprobada por el Congreso de Honduras para derogarla, aunque el permiso para las zonas todavía permanece en la Constitución.
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, conocidas como ZEDE, fueron promovidas por su predecesor Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado a los Estados Unidos el 21 de abril para enfrentar cargos de tráfico de drogas y de armas.
Los detractores temían que las zonas pudieran convertirse en pequeños estados casi independientes, exentos de los impuestos de importación y exportación, capaces de establecer sus propias formas de gobierno internas, al igual que tribunales, fuerzas de seguridad, escuelas e incluso sistemas de seguridad social.
Castro calificó la derogación como “histórica” y dijo que “estamos recuperando nuestra soberanía” en Honduras. Su gobierno dijo que no quería destruir lo que ya había sido construido, pero que se avecinaban cambios.
“Vamos a trabajar de la mano para hacer las cosas de manera responsable porque tampoco se trata de destruir lo que se ha construido”, dijo Rodolfo Pastor, miembro del gabinete de Castro. “Con los que ya están se va a dialogar porque no se va a permitir zonas que sean autónomas”. Dijo que se formaría un comité para trabajar con las zonas existentes.
Tres de las zonas ya existen; acaso la más ambiciosa es una urbanización de 23,47 hectáreas (58 acres) llamada Próspera en la isla caribeña de Roatán, promovida por liberales de derecha estadounidenses con planes para construir edificios modernistas diseñados por el estudio de arquitectos Zaha Hadid.
En una declaración justo antes del voto de derogación, los patrocinadores de Próspera dijeron que tienen “toda la intención de continuar con confianza con los planes para invertir cientos de millones de dólares y crear decenas de miles de empleos bien remunerados en Honduras, en virtud de sus derechos adquiridos bajo el régimen ZEDE”.
“Que el Estado de Honduras niegue estos derechos, violaría claramente sus obligaciones bajo el derecho internacional y nacional, de conformidad con principios legales bien establecidos”, dijo la declaración.
Después de la derogación, Joel Bomgar, representante estatal de Mississippi y presidente de Próspera, dijo que Honduras tiene un futuro más brillante con Próspera allí.
“Todo lo que se necesita es que Honduras honre sus compromisos internacionales”, dijo. “Próspera llegó a Honduras con las mejores intenciones para invertir y generar oportunidades, con base en compromisos legales asumidos por cada parte, y esa intención y esos compromisos permanecen”.
Otra zona, un parque agroindustrial en expansión llamado Orquídea, cerca de la ciudad sureña de Choluteca, también avanza, pero más prosaico. Se caracteriza por hileras e hileras de invernaderos masivos que producen pimientos y tomates para exportación.
“Ahorita estamos en un limbo todos, pero lo importante es escuchar al gobierno para ver cómo se le puede apoyar en el proceso que se está haciendo”, dijo Guillermo Peña Panting, secretario técnico de Orquídea Group.
“Tenemos que tener una plática abierta para ver qué es lo que está dispuesta a hacer o crear, porque lo que queremos es seguir aportando a la economía y desarrollando lo que venimos haciendo de forma seria y responsable”, añadió.
Parte de la incertidumbre se debe al hecho de que la autorización para las ZEDE permanece en la Constitución a pesar de que la ley para gobernarlas ha sido derogada.
El Congreso y Castro se han movido para eliminar ese texto de la Constitución, pero eso requeriría de un segundo voto por parte de un Congreso nuevo el próximo año.
“Las empresas que están funcionando deberán seguir trabajando, porque constitucionalmente siguen existiendo”, dijo el abogado constitucional Juan Carlos Barrientos. “Pero ahora ya nadie va a venir a invertir en una ‘carajada’ de esas, porque al no haber ley, nadie se va a venir a arriesgar a invertir aquí”.
El analista político Raúl Pineda Alvarado dijo que la ley ahora derogada era la parte más controvertida del marco legal.
“Esa ley orgánica tenía disposiciones que iban más allá de la reforma constitucional”, dijo Pineda. “Se aprobaron cosas (en la ley) que se extralimitaban la normativa y la capacidad de generar privilegios y prerrogativas que le señala la Constitución”.
La ley decía que las zonas debían cumplir con la mayoría de los principios constitucionales hondureños y acuerdos internacionales de derechos humanos, pero los críticos argumentaron que básicamente crearon un estado separado dentro de un estado, lo que socavaba la soberanía del país.
Un comité de “mejores prácticas” de 21 miembros fue creado para supervisar y ayudar a regular las zonas con la mirada puesta en la creación de un ambiente amigable para los negocios.
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (Center for Strategic and International Studies), un grupo de expertos con sede en Washington, escribió el miércoles que no había manera de que el gobierno hondureño finalice las ZEDE de la noche a la mañana. Y si continúa con el complicado intento de desenmarañar la iniciativa, “los inversores tienen una serie de mecanismos legales a su disposición”.
“El apoyo del gobierno de Castro para la derogación de las ZEDE probablemente disuadirá la inversión futura en Honduras —con certeza en las ZEDE—, pero también la inversión fuera del marco de las ZEDE, y corre el riesgo de convertir algunas de las críticas expresadas por los opositores de las ZEDE con respecto a la creación de empleo en profecías autorrealizadas”, dijo el análisis.
Mientras tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras aplaudió la cancelación de las zonas por parte de Castro. El año pasado, había advertido que las ZEDE “podrían implicar serios riesgos al cumplimiento de la obligación general del Estado de Honduras de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas y todos los habitantes, sin discriminación”.
