Por: Edmundo Orellana
Venimos de una dictadura que forjó estructuras institucionales e impulsó iniciativas que atacaron el núcleo mismo de la democracia, de la República y del Estado de derecho y social que diseñó la Constitución de la República de 1957 y que se mantiene, con algunas diferencias, en la vigente.
Retomar el camino que emprendieron aquellos visionarios de la Constituyente del 57, para evolucionar hacia un sistema en el que el pueblo asuma la dirección de su destino, controlando el poder y convirtiendo el Estado, como consagra la Constitución, en proveedor de bienestar económico, social, político y cultural para todos, pasa por desmontar el sistema dictatorial y de impunidad construido por el régimen anterior, y por recuperar para la esfera pública lo que concedieron, en perjuicio del pueblo, a la esfera privada. Se trata, pues, de destruir la dictadura y construir la democracia republicana y la seguridad jurídica, por una parte, y, por otra, revertir el proceso de privatización de lo público, devolviendo al pueblo lo que es suyo.
En menos de cien días, el gobierno demuestra que tiene la voluntad para responder al pueblo que masivamente votó el 28 de noviembre y que está decidido a impulsar lo que sea necesario para destruir el legado institucional de la dictadura y revertir los procesos de privatización del Estado.
Ni los más optimistas podían pronosticar lo que ha ocurrido. El cisma que amenazó con escindir al Partido Libre en el Congreso Nacional, antes de la toma de posesión de la Presidenta Castro, vaticinaba un ambiente hostil para cumplir con las propuestas del plan de gobierno de la alianza, poniendo en riesgo la estabilidad del mismo gobierno, porque el grupo disidente aparecía aliado con los responsables -políticos y particulares- de construir las instituciones dictatoriales y de impunidad, e impulsaron la privatización; era una suerte de alianza público-privada para impedir que el gobierno responda al pueblo hondureño.
Se ha avanzado pese a estos tropiezos. La intensidad de la crisis fue bajando hasta permitir que lo impensable ocurriera.
El secreto de Estado, que era la regla del régimen anterior, fue eliminado en todo lo que tiene de perverso y, en su lugar, se proclama, como la bandera de lucha del gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, creando la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se solicita a la Organización de las Naciones Unidas el apoyo para la creación y funcionamiento de una misión internacional anticorrupción, se deroga el pacto de impunidad, se remueven los obstáculos que impedían al MP acceder a registros de datos públicos y se deroga (¡por unanimidad!) la normativa de las ZEDE.
Paralelamente, se propone, desde el Ejecutivo, una normativa nueva para regular el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el propósito fundamental de eliminar el peligro de que a la junta nominadora se integre un representante del crimen organizado por la ausencia total de filtros, e, igualmente, de erradicar la discrecionalidad absoluta en el proceso de evaluación de los factores de ponderación en relación con los candidatos.
Simultáneamente, se decide recuperar la soberanía financiera eliminando los fideicomisos entre los que distribuyó el presupuesto el régimen anterior. La Hacienda Pública se privatizó porque son los fiduciarios los dueños del dinero público, no el Estado. En centenares se cuentan los fideicomisos y en miles de millones de lempiras los recursos que a los mismos se destinaron, violentando los principios constitucionales que postulan lo siguiente: “la administración de los fondos públicos corresponde al Poder Ejecutivo”; “para la percepción, custodia y erogación de dichos fondos, habrá un servicio general de tesorería”; y, “los ingresos fiscales ordinarios constituirán un solo fondo”. El dinero del que disponían discrecionalmente los fiduciarios o, en su caso, los comités del fideicomiso, se recuperará gradualmente para que sea el Estado el que lo redistribuya entre los programas y proyectos destinados a crear las condiciones para que el hondureño comience su largo camino hacia la recuperación de sus derechos económicos y sociales.
Por otra parte, se aprueba en Consejo de Ministros un proyecto de ley que pretende recuperar la soberanía de un bien fundamental del pueblo hondureño, la energía eléctrica. La electricidad está en el centro del mundo contemporáneo. Sin electricidad no sería posible el mundo que conocemos. La globalización, Internet y todo aquello que hoy caracteriza el mundo del siglo XXI, es gracias a la electricidad. Razón tuvo aquel revolucionario que, a principios del siglo pasado, colocó, a la par del poder, a la electricidad en la fórmula del futuro de la humanidad. Sin embargo, el régimen anterior decidió privatizar el servicio y convertirlo en una mercancía, concediéndolo a los empresarios y sometiéndolo a los vaivenes del mercado, en perjuicio del usuario, a quien castigan con el precio del servicio. Ya no era un servicio, era una mercancía; imperaba el ánimo de lucro, no el interés público.
Todo esto, mientras se atienden las urgencias provenientes de la crisis legada por el régimen anterior y cuya decisión compromete tiempo y recursos.
La marcha apenas se inicia. Sostenida y sin pausa, se orienta hacia las metas que el objetivo fundamental impone: recuperar la soberanía política, territorial, jurisdiccional y financiera, para reconstruir el sistema político sustentándose en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, y proveer seguridad jurídica y bienestar económico, social y cultural a la población. Revertir la perversión de las instituciones y sus procesos, y combatir la corrupción en todas las áreas y niveles, como presupuesto para alcanzar aquel objetivo, es la palabra de orden.
Difícil misión, pero no imposible, la que asumió el gobierno cuando el 28 de noviembre el pueblo le ordenó cumplir. Si sigue este ritmo y con el éxito que en estos cien días ha logrado, es de suponer que durante el periodo presidencial mucho de lo deseado se hará realidad. Para que se erradiquen las prácticas del pasado y nada se interponga en el camino de la recuperación de nuestra soberanía política, territorial, jurisdiccional, financiera, de nuestros recursos naturales y de nuestro medioambiente, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
