Las reformas legales al subsector eléctrico enviadas por el Ejecutivo al Congreso Nacional esta semana, son un parte aguas de largo alcance y que tienen como objetivo el rescate de la estatal eléctrica.
Se introducen modificaciones a la Ley General de la Industria Eléctrica del 2015 mediante el proyecto de decreto “Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social”.
Elimina el Operador del Sistema (ODS) y revive el Centro Nacional de Despacho (CND), que para algunos expertos, es un retroceso de dos décadas porque se pierde transparencia en tiempo real.
Se mantiene la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) pero con algunos cambios en los requisitos, tiempo y proceso de elección de sus comisionados.
El anteproyecto de ley llega al Legislativo, después que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió con el gobierno y en un comunicado expresó el viernes anterior, que las discusiones que incluyeron las “reformas del sector eléctrico” y se “sentaron bases importantes para un próximo compromiso”.
De aprobarse tal como fueron enviadas, estas reformas afianzarían el monopolio que por décadas ha ejercido la estatal eléctrica sobre el sector energía, consideran algunos analistas. Los generadores renovables y térmicos externaron su preocupación por el tema de la seguridad jurídica a las inversiones.
Pero ambos sectores están dispuestos a poner el aporte que sea necesario para que el proyecto de ley sea pulido en el proceso de socialización que se ha anunciado desde el poder Legislativo.
El Cohep se abstuvo ayer de abordar este paquete de reformas y anunció que lo hará hasta que tengan un análisis técnico y jurídico autorizado por la directiva de la gremial empresarial.
En el primer capítulo, se considera a la energía eléctrica como un “bien público y de seguridad nacional” y se declara “emergencia nacional en el subsector eléctrico”.
Faculta a la ENEE para que negocie los contratos térmicos, eólicos o solares y de no llegar a un acuerdo con los dueños de las plantas, abre la opción para que el Estado las compre bajo el concepto de justiprecio.
Deroga un fideicomiso en manos de un banco comercial que administraría 14 proyectos hidroeléctricos, tres de estos en la cuenca alta del Valle de Sula donde se originan las inundaciones recurrentes de las tierras bajas de la zona norte.
De acuerdo a conocedores del tema, con estas reformas el gobierno da un golpe al tablero del subsector eléctrica, ya que además, en uno de los artículos pide al Ministerio Público indagar la contratación de EEH desde que comenzaron las negociaciones antes del 2016, hasta hoy día. (JB)
DATOS
Las reformas son de amplio espectro y un tanto ambiciosas, ya que esta administración se propone elevar a 70/30 la matriz eléctrica, es decir que más de tres tercios de la energía provenga de fuentes renovables, limpias y amigables con el medio ambiente. Mientras que solo un 30 por ciento descansaría en la potencia firme de la producción térmica que, con el incremento del petróleo se ha visto impactada la termoeléctrica afectando las tarifas al usuario final.
