La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional con Jurisdicción Nacional desarrolló la audiencia de Proposición de Medios de Prueba en la causa instruida para el capitán en condición de retiro, Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla acusados por el delito de lavado de activos.
Tras finalizar la audiencia, contra los tres imputados, el tribunal programó para el 18 de mayo la resolución de la audiencia en la cual se les informará a las partes procesales qué medios de pruebas serán admitidos para el desarrollo del debate del juicio oral y público, al igual que cuáles fueron rechazados por la terna de jueces.
Rodríguez Orellana y Bonilla fueron capturados el pasado 4 de noviembre del 2021, en el aeropuerto Toncontín, por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) quienes también efectuaron nueve allanamientos de morada en Tegucigalpa, Francisco Morazán y Yamaranguila, Intibucá, acciones relacionadas al exmiembro de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Posterior a los allanamientos, Fiscalía contra el Crimen Organizado y la ATIC procedió al aseguramiento de 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y 10 vehículos, mismos que fueron traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
A Rodríguez Orellana se le presentó un requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, junto a su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla capturada en Tegucigalpa y su suegra Reina Lizeth Bonilla arrestada en una gasolinera en Santa Rosa de Copán, Copán, justamente en la salida a Ocotepeque.
De acuerdo a las investigaciones iniciadas años atrás, se determinó que el excapitán realizaba operativos en la zona de La Mosquitia y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.
Del mismo modo, Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA.
Asimismo en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.
Posteriormente, al realizar el análisis financiero se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, según a los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el período comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.
Con lo anterior, se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la administración de rentas no es coherente con lo declarado, precisa la fiscalía. (XM)
