Los primeros 100 días de la Presidenta Castro

Óscar Lanza Rosales
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El expresidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, fue el primero en establecer el concepto de 100 días cuando asumió el cargo en 1933, en que su país estaba sumido en una depresión económica. Este periodo lo estableció para generar una serie de acciones prioritarias, para superar la crisis, y devolverle la confianza y el optimismo al electorado. Y lo logró, aprovechando la armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo, al conseguir la aprobación de 15 grandes proyectos de ley en el Congreso, un récord histórico hasta ese entonces, que significó grandes logros en beneficio de la población.

Por eso se ha vuelto una costumbre que todos los presidentes, en la mayoría de los países, les dan mucha importancia a estos primeros 100 días de su gobierno. Según los estudiosos de la política, marca la llegada de un proyecto político. Una primera impresión sobre lo que se pretende hacer y cómo. Un cambio organizacional a partir de una nueva voluntad. Un estándar para medir la eficacia presidencial, con un liderazgo fresco y nuevo, cuando el aura de la victoria es todavía poderosa y su capacidad de negociación con otros actores es alta.

Entrando en materia, diré que Libre se apropió del triunfo de la Alianza Opositora (AO), a pesar de que su participación en la misma se estima en un 30%. Libre ha relegado al Partido Salvador de Honduras, al proporcionarle solo dos ministerios y la presidencia del Congreso Nacional. Los designados Nasralla y Doris Gutiérrez, no tienen relevancia en las decisiones del gobierno. La mayor influencia en el gobierno la tiene el expresidente Zelaya. Algunos medios se han atrevido a decir que este es el segundo mandato del expresidente.
El gabinete es una mixtura de jóvenes y personas con experiencia, en su mayoría leales al expresidente Zelaya. Y se ha ampliado tanto, que hasta el director de Aduanas tiene categoría de ministro. El gabinete sectorial más débil es el económico.

El presupuesto se ha revisado y se ha equilibrado con 50 mil millones de las reservas internacionales del Banco Central de Honduras. Se han aumentado las partidas de 4 mil millones para pago de prestaciones, 500 millones al Consejo Nacional Electoral para realizar consultas al pueblo y el diputado liberal, Mauricio Villeda, ha denunciado que se ha triplicado la partida confidencial del presupuesto anterior.

Se derogaron las leyes de secretos, excelente; de las ZEDE, como un acto de soberanía; y de trabajo por hora, por contravenir el Código de Trabajo. Sobre la derogación de las ZEDE, correcto, pero creo que no había necesidad de confrontar con sus inversionistas, llamándoles hasta delincuentes. Bastaba con invitarles a ajustarse a algún otro régimen vigente en el país. Con relación a las leyes de trabajo por hora, creo que también debieron escuchar al sector privado, de las reformas que ellos plantearon, porque en este tema y otros, el actual gobierno está luciendo antiempresa privada, con lo cual están corriendo a inversionistas nacionales y extranjeros.

También se aprobó la Ley de Amnistía por delitos políticos y comunes conexos, pero los diputados la dejaron muy generalizada, que terminó beneficiando a Marcelo Chimirri, que tenía cargos por enriquecimiento ilícito, fraude y abuso de autoridad, cuando fue gerente de Hondutel en el gobierno de “Mel” Zelaya.
Lo más criticable en estos primeros 100 días de este gobierno, es que se ha descuidado totalmente al sector de energía eléctrica, el asunto más crítico, que por lo que se ve, ni la AO ni Libre tenían la más leve idea del problema. Las tres decisiones más importantes que se han tomado es energía gratis para los que consumen menos de 150 kw al mes. Declarar la ENEE como patrimonio nacional y poner como gerente interino, al ministro de Energía, un profesional que probablemente sabe de energías renovables, pero nadie lo conoce como una persona calificada en gerencia, que es lo que requiere principalmente la estatal eléctrica.

A última hora, el Poder Ejecutivo ha anunciado que está enviando al Congreso Nacional una Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica social, para devolverle a la ENEE su poder centralizador y monopólico sobre el sector eléctrico, renunciando al modelo exitoso de otros países de Centroamérica, de manejar por separado: generación, transmisión y distribución.

Sobre estos primeros 100 días hay mucho más que comentar, pero resumo diciendo que este gobierno sigue con algunos vicios de gobiernos anteriores como el nepotismo.