BARCELONA, España — Las revelaciones sobre la intervención de teléfonos de políticos han enfocado los reflectores sobre la habitualmente discreta inteligencia española.
En un caso, se acusa al Centro Nacional de Inteligencia de negligencia grave por permitir que fuentes desconocidas intervengan el teléfono en el bolsillo del presidente Pedro Sánchez con el programa de espionaje Pegasus. Aunque España se niega a acusar a Marruecos, las fechas de la intervención de los teléfonos de Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, el año pasado coinciden con una crisis diplomática entre los dos países.
También se acusa al CNI de usar el spyware de Pegasus para hackear los teléfonos de más de 60 separatistas catalanes. En medio de los escándalos provocados por el presunto espionaje, se postergaron los planes para festejar el 20 aniversario del CNI en una ceremonia pública.
La directora del CNI, Paz Esteban López, comparecerá en las próximas horas ante una comisión parlamentaria especial donde podrá violar el código de secreto que prohíbe a los miembros del gobierno revelar el funcionamiento de la agencia.
Esteban, la primera mujer que dirige el CNI, hablará ante 11 parlamentarios que jurarán no revelar lo que se les dice. Entre ellos hay miembros de los partidos separatistas catalán y vasco.
La reunión en Madrid tendrá lugar en una sala austera en el extremo de un corredor decorado con retratos de los presidentes del parlamento.
Se espera que los separatistas catalanes, que quieren crear un nuevo estado en el noreste de España en torno a Barcelona, interroguen a Esteban por el presunto uso del spyware por el CNI. Acusaron directamente al CNI de las intervenciones que salieron a la luz hace dos semanas cuando el grupo de derechos digitales Citizen Lab, con sede en Canadá, publicó un informe según el cual se usó el Pegasus para intervenir los teléfonos de decenas de políticos, abogados y activistas independentistas.
El gobierno español ha dicho reiteradamente que el CNI no puede intervenir teléfonos sin autorización judicial. Al mismo tiempo, el gobierno dijo que la ley que protege el secreto de las actividades del CNI le prohíbe confirmar si posee Pegasus, el programa vendido por la empresa israelí NSO Group.
“Si Paz Esteban entrega pruebas de que hace tres o cuatro años ha habido una autorización judicial para pincharle el teléfono a 60 y pico personas porque eran independentistas, pues es un problema”, dijo Gabriel Rufián, parlamentario de un partido separatista catalán, a radio Cadena Ser antes de la reunión. AP
