Salvadoreños acuden “angustiados” al Supremo por familiares detenidos

Un grupo de salvadoreños, angustiados por las detenciones de sus familiares durante el régimen de excepción decretado por el Congreso a petición del presidente Nayib Bukele para controlar la violencia, acudieron este jueves al Supremo para presentar recursos con los que buscan la liberación de sus parientes.

Se trata de 12 familias de comunidades rurales de la zona del Bajo Lempa, en el oriente de El Salvador, quienes llegaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para entregar recursos de hábeas corpus a la Sala de lo Constitucional.

José Salvador Ruiz dijo a periodistas que las personas detenidas arbitrariamente, tal como lo señaló, son “víctimas y han sido detenidos injustificadamente, sin ningún delito, simplemente porque los encontraron en la calle”.

El Salvador se encuentra bajo de régimen de excepción, implementado desde finales de marzo por la violencia atribuida a las pandillas, con el cual se han suspendido a los ciudadanos varios derechos constitucionales, como la libre asociación y reunión.

Las detenciones masivas han sido la principal apuesta del Ejecutivo de Bukele durante el Estado de excepción, pero hasta el momento se desconoce si el Gobierno trabaja en un plan que plantee medidas para una solución de fondo a dicho fenómeno.

Cinco organizaciones no gubernamentales reportan al menos 338 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el primer mes bajo el régimen de excepción.

La vulneración que más han denunciado es la detención arbitraria, representando en algunas organizaciones incluso más del 70 % de casos recibidos, de acuerdo con las entidades.

Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), más de 20.000 supuestos pandilleros o personas vinculadas a estas bandas han sido detenidos.

Ni el mandatario, ni las autoridades de Seguridad han detallado cuántas de las personas detenidas son miembros de pandillas, a qué pandilla pertenecen y cuántas son señaladas de tener vínculos con dichas estructuras.

La medida extraordinaria se aprobó el 27 de marzo a raíz de la escalada de violencia que se cobró la vida de 87 persona en tres días y colocó el día 26 como el más sangriento de la historia reciente salvadoreña, con 62 víctimas, y fue extendida el 24 de abril.

LLAMAN AL SUPREMO A DAR PRONTA RESPUESTA

El abogado Alejandro Díaz, asesor legal de las familias y miembro de la organización Tutela Legal ‘María Julia Hernández’, llamó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a dar una pronta respuesta ante los recursos presentados.

“La Sala tendría que ser expedita y lo más pronto posible dar las respuesta (…) hay muchos que sí están detenidos injustamente, por eso la Sala debe de ser lo más efectiva y diligente para dar una resolución contundente a favor de estas personas”, apuntó el letrado.

Explicó que los recursos presentados contienen pruebas de “violaciones a derechos constitucionales y fundamentales”.

“La Sala de lo Constitucional debe de revisar estos casos en los que se han agregado pruebas evidentes de que (las personas detenidas) tienen arraigo, son trabajadores, miembros de la comunidad que tiene responsabilidades con la comunidad y que ayudan”, añadió.

Y agregó: “No es justo que estas personas sigan detenidas porque no son delincuentes”.

Si la Sala de lo Constitucional da una respuesta positiva, las personas detenidas deberán de recobrar su libertad.

La medida de régimen de excepción contempla lo suspensión de los derechos a la libre asociación y reunión, a la defensa y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 días a 15 días. También se suspende la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones sin orden judicial.

CON ANGUSTIA Y PREOCUPACIÓN

“Es una gran angustia la que sentimos porque no sabemos nada de Elías”, comentó a Efe Manuel de Jesús Martínez, padre del joven Elías de Jesús.

Elías, de 23 años, fue detenido el 26 de marzo mientras se encontraba departiendo con unos amigos, según dijo su progenitor.

Señaló que, de acuerdo con la poca información que le ha brindado el abogado privado que han contratado, el joven se encuentra en el centro penal de la ciudad de Izalco (occidente).

Elías se dedica a la agricultura y, de acuerdo con su padre, no tenía ninguna relación con las pandillas.

“No nos escuchan, como no somos nada y como somos pobres es imposible que nos brinden información”, agregó.

Por su parte, Carmen García manifestó que su madre, Sara García, fue detenida el 25 de abril y fue trasladada a la cárcel de mujeres, ubicada en la populosa colonia de Ilopango (centro).

Indicó que el Estado, a través de la Procuraduría de la República, les ha asignado un abogado pero “no nos dice nada y no sabemos nada de mi mamá”.

La joven de 22 años señaló que su madre se dedicaba a la elaboración de tortillas de maíz y que fue arrestadas “sin que le dijeran el motivo de la detención”. EFE