Más de una veintena de organizaciones opositoras de Nicaragua repudiaron este viernes la relación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, luego de la reunión que las partes sostuvieron con representantes del sector privado.
En un pronunciamiento público, las organizaciones mostraron su “repudio a la nueva acción del presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, en Managua, con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y el Gobierno ilegítimo de Ortega Murillo, de forzar a la empresa privada a un nuevo pacto con el régimen”.
La oposición nicaragüense se debe a que considera que los desembolsos del BCIE van “en detrimento de los lineamientos generales del mismo banco y de las instituciones del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en cuanto a principios de gobernabilidad y respeto a los derechos humanos en los proyectos a financiar”.
Ortega es señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como responsable de al menos 355 muertes en las manifestaciones antigubernamentales de 2018, y de supuestamente violar de forma “sistemática” los derechos de las personas.
Mossi visitó Nicaragua esta semana para sostener encuentros con el Gobierno de Ortega y con representantes del sector privado, en los que confirmó una línea de crédito de 220 millones de dólares para enfrentar el impacto de los precios internacionales del petróleo, así como la introducción de bonos del BCIE para financiar la moneda local, la creación de una “fundación” del banco, y acciones para acceder a fondos coreanos.
El presidente ejecutivo del BCIE también asistió a la entrega del antiguo edificio de la entidad a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), en calidad de donación.
“Denunciamos ante la comunidad internacional y, en especial, ante los gobiernos y los pueblos centroamericanos (que) el BCIE está siendo cómplice de Ortega al reunirse con una empresa privada cuyos directivos electos están encarcelados”, indicaron los opositores, en referencia a los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Cosep, respectivamente, en el momento de ser arrestados en 2021, así como al expresidente gremial José Adán Aguerri.
En una nota de prensa, el BCIE alificó de “gran éxito” el encuentro entre Mossi, el Gobierno y el sector privado de Nicaragua, donde “analizaron posibles acciones conjuntas para promover el desarrollo económico y social del país”.
“BCIE SE PRESTA A SER LA ‘ZANAHORIA'”
Entre los temas abordados están “la mejora de la infraestructura y logística, la capacitación y avances tecnológicos para las exportaciones, así como los posibles mecanismos para la inversión al sector productivo, energía, vivienda, comercio”, entre otros, según el BCIE.
Los opositores afirmaron que “el BCIE se presta a ser ‘la zanahoria’ después de tanto palo ofrecido por los Ortega a los empresarios.
Asimismo señalaron que “el BCIE ha hecho caso omiso a las resoluciones del sistema Inter americano integrado en la Organización de Estados Americanos (OEA), tanto en materia de violación sistemática de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como la declaración de ilegitimidad resultante de la farsa electoral de noviembre pasado. Resulta entonces contradictorio e inmoral su financiamiento a un régimen ilegítimo”.
Las agrupaciones opositoras, una parte dentro de Nicaragua y otra en el exilio, demandó al directorio del BCIE que “revise su política de crédito hacia el régimen de Nicaragua” en temas sobre gobernabilidad, derechos humanos, estándares ambientales y sociales”.
“El BCIE no investigó estas denuncias, por lo que los directores del banco se están convirtiendo en cómplices de la dictadura al ignorar los reclamos del pueblo nicaragüense”, reclamaron.
Adicionalmente, los opositores señalaron “una actitud de negación”, de parte de Mossi, “ante la situación de constante violación de derechos humanos” en Nicaragua, “llevando hasta el tope el margen de endeudamiento de Nicaragua en sus actuales condiciones de riesgo país, creando, a su vez, condiciones para que un eventual nuevo gobierno democrático repudie esta deuda por ser cómplice de las atrocidades y desmanes denunciados”.
El BCIE fue fundado en 1960 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, a los que se han sumado Belice, Panamá y República Dominicana como socios no fundadores.
Además, son socios extrarregionales de la entidad regional Argentina, Colombia, Corea del Sur, Cuba, España, México y Taiwán.
