En el Congreso Nacional se fusionarán tres iniciativas orientadas a elegir los cargos de altos funcionarios con rango constitucional, entre ellos los 15 magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el del Fiscal General.
De momento, en la Cámara Legislativa el diputado vicepresidente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé; y la diputada vicepresidenta del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, ya presentaron sus respectivos proyectos. Ambas iniciativas se fusionarán con el proyecto que ya anunció que enviará con el mismo propósito el Ejecutivo, según informó en su momento el titular del Legislativo, Luis Redondo.
Los tres proyectos, aunque tengan nombres diferentes, tienen la misma finalidad: desestimar o anular los que están vigentes y que se han utilizado para elegir a los altos funcionarios que tienen rango constitucional.
FORMA DE ELECCIÓN
La propuesta de Tomé va orientada a cambiar la forma de elección de las juntas nominadoras de candidatos a altos cargos de funcionarios del Estado.
El proyecto de Tomé, que ya tiene comisión de dictamen, busca que todo el proceso tradicional para elegir a magistrados de la CSJ, Fiscalía General y el mismo Tribunal Superior de Cuentas ((TSC) se deroguen y que de ahora en adelante se autopropongan ante una comisión que nombraría para tal fin el Congreso Nacional.
Tomé justifica su propuesta, sobre todo porque afirma que las formas de elección de las juntas nominadoras de candidatos a altos cargos del Estado han sido “manipuladas”.
Por ende, Tomé argumenta que presentó una iniciativa enfocada en cómo elegir a los altos funcionarios que “nos corresponde a nosotros, como diputados”.
“Porque tenemos como mandato, escoger en una elección de segundo grado a los magistrados de la CSJ, fiscal general y adjunto y otras instituciones contraloras del Estado que requieren del voto de la mayoría calificada de los diputados del Congreso Nacional”, reconoció Tomé.
NO VALORAN MÉRITOS
El otro proyecto relacionado con el tema es el que presentó la diputada vicepresidenta del PSH, Fátima Mena, denominado “Ley para la Selección de Altos Funcionarios”.
Mena justifica su iniciativa porque estima que en la elección de los magistrados del pleno de la CSJ, de la Fiscalía General, del TSC y otros cargos con rango constitucional, no ha existido la meritocracia.
“Porque uno de los grandes problemas del país es que después de 12 años de narcodictadura, los vínculos del gobierno con la narcoactividad y la concentración de poder era a través de la figura presidencial”, advirtió Mena.
“Y por eso, la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General y el Tribunal Superior de Cuentas respondían a los intereses del gobierno anterior de Juan Orlando Hernández, y por eso cuando esos funcionarios se eligieron en este mismo Congreso Nacional, fue mediante oscuros procesos de selección”, cuestionó.
PRINCIPIOS ESPECIALES
El proyecto de Mena, que también ya tiene comisión de dictamen, se fundamenta sobre dos principios especiales; el primero está relacionado a procesos transparentes y el segundo son elecciones basadas en méritos, a través del cual tiene que haber un proceso de preselección transparente.
Contrario al que presentó el diputado Tomé, la iniciativa de Mena sobre este particular no elimina las actuales juntas nominadoras, sino que los poderes que estas puedan tener, argumenta la congresista.
El proyecto de Ley para la Selección de Altos Funcionarios, presentado por Mena, plantea claramente que los criterios para elegir a las personas dentro de las juntas nominadoras no deben tener conflicto de intereses, porque eso fue lo que prevaleció en la última elección sobre todo el del pleno de la actual CSJ y del Ministerio Público.
Mena resaltó que su iniciativa establece las atribuciones que tendrán las juntas nominadoras, las que solo se limitan a hacer un proceso de evaluación, es decir, una preselección.
Pero además de ese proceso, la iniciativa también establece cuáles serán las atribuciones que va a tener la junta nominadora, la que ahora solo se limitará de acuerdo al proyecto de ley a que se le limite hacer un proceso de evaluación y no de proponer candidatos, como sucedía en el pasado. (JS)
DATOS
La iniciativa del Ejecutivo para elegir los cargos de altos funcionarios con rango constitucional, oficialmente aún no se conoce, aunque en el Congreso Nacional se está a su espera para fusionarla con la que ya introdujeron los diputados Rasel Tomé y Fátima Mena.
Como ambos proyectos de ley abordan temas de rango constitucional, para su aprobación tendrán que ser socializadas con las bancadas opositoras del Partido Liberal y Nacional, ya que ambas tienen 66 votos.
POR LEY
¿Cuál es el papel de la Junta Nominadora?
La Junta Nominadora, por ley, tiene como función única la preparación de una nómina conformada al menos por 45 candidatos que reúnan los requisitos para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Además, garantiza que los postulantes no se encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en la Constitución de la República.
La Junta Nominadora vigente está integrada por un representante de la CSJ, quien la preside; uno del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), uno del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y delegado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
También un representante de los Claustros de Profesores de las Facultades o Escuelas de Ciencias Jurídicas; un representante de las organizaciones de la sociedad civil y un representante de las confederaciones de trabajadores.
Cada una de las organizaciones indicadas tendrá derecho a nominar, además, un suplente del representante que actuará únicamente en el caso de ausencia, incapacidad o de inhabilidad absoluta y comprobada del representante titular. (JS)
