8 capturados por llevar 24 hondureños indocumentados
El FBI y la Administración de Control de Drogas también forman parte del grupo de trabajo, junto con otros socios interinstitucionales.
LUISIANA. Ocho personas fueron acusadas en una acusación, revelada en el Distrito Este de Luisiana, por su participación en un plan internacional para contrabandear a 24 personas indocumentadas de Honduras a Luisiana a bordo del Motor Vessel (M/V) “Pop”, propiedad de uno de los acusados.
Uno de los acusados también fue arrestado por conspirar para poseer con la intención de distribuir 24 kilogramos de cocaína, incautados en este barco que la Guardia Costera de los EE. UU. interceptó frente a las costas de Grand Isle, Luisiana, en febrero de 2022.
Carl Allison, alias Car, de 46 años, de Irwin, Pensilvania, y Lindomar De La Rosa, alias Omar, alias Dr. Diablo, de 37 años, de Atlanta, fueron arrestados el día de hoy.
Los coacusados Josué Alexander Flores-Villeda, de 35 años, Darrel Martínez, de 40, y Lenard Cooper, de 39, están bajo custodia con órdenes de arresto separadas.
Los coacusados Rudy Jackson Hernández, de 35 años, y Hennessey Devon Cooper, de 26, permanecen bajo fianza.
El último acusado, Lance Vroon, de 39 años, sigue prófugo.
Los ocho individuos fueron acusados de conspirar para traer extranjeros a los Estados Unidos y alentar e inducir a los extranjeros a venir, ingresar y residir en los Estados Unidos, para obtener ventajas comerciales y ganancias financieras privadas; e intentar traer extranjeros a los Estados Unidos para obtener ventajas comerciales y ganancias financieras privadas. Josué Alexander Flores-Villeda, alias Alex, 35, de Honduras.
Según la acusación formal, desde diciembre de 2021 o alrededor de esa fecha hasta el 14 de febrero de 2022 o alrededor de esa fecha, Allison, De La Rosa y los otros acusados intentaron traer a 24 personas indocumentadas de Honduras a los Estados Unidos a bordo del M/V “Pop”, propiedad de Allison.
La Guardia Costera interceptó el M/V Pop frente a la costa de Grand Isle el 15 de febrero. Veinticuatro kilogramos de cocaína fueron incautados de la cabina del capitán a bordo del barco.
Si es declarado culpable de los delitos de tráfico de personas, cada acusado enfrenta una pena máxima legal de 10 años de prisión. Si es declarado culpable del delito de conspiración de drogas, Flores–Villeda enfrenta entre 10 años y cadena perpetua.
El fiscal general Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Duane A. Evans del Distrito Este de Louisiana y el Agente Especial a Cargo David Denton de la Oficina de Campo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva Orleans hicieron el anuncio.
Este caso está siendo investigado por HSI Houma, con la asistencia de HSI Pittsburgh, HSI Atlanta y la Oficina de Investigación de Luisiana. El Servicio de Investigación de la Guardia Costera de EE. UU., los oficiales aéreos y marítimos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU., la policía estatal de Luisiana, la policía estatal de Pensilvania, la policía del municipio de North Huntingdon y la oficina del alguacil de la parroquia de Terrebonne brindaron una valiosa ayuda en la investigación.
Están a cargo de la acusación en el caso los Fiscales Federales Auxiliares David Howard Sinkman y Carter Guice para el Distrito Este de Louisiana, y el abogado Litigante Rami S. Badawy, de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Criminal.
La Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA, por sus siglas en inglés), que fue establecida por el fiscal general Merrick B. Garland en junio de 2021 para reunir los recursos de investigación y enjuiciamiento del Departamento de Justicia, en asociación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), para mejorar los esfuerzos de cumplimiento de los EE. UU. contra los grupos de contrabando y trata de personas más prolíficos y peligrosos que operan en México, Guatemala, El Salvador y Honduras.
La JTFA está compuesta por fiscales federales de las Fiscalías Federales fronterizas, de la División Criminal y de la División de Derechos Civiles, junto con agentes del orden público y analistas de HSI y CBP.
