Por: Oscar Armando Valladares
Eduard Berstein, socialdemócrata alemán, obtuvo nombradía por haber propuesto modificaciones al marxismo, tendencia que fue tildada de “revisionista”. Dice Berstein: “La interpretación económica de la Historia no significa necesariamente que todos los acontecimientos son determinados de manera exclusiva por las fuerzas económicas. Significa tan sólo que los hechos económicos son las fuerzas decisivas que siempre reaparecen, los puntos principales en el proceso histórico”.
Hechos económicos decisivos, en contubernio con la política, condicionaron que el Partido Nacional tuviera participación activa en los acontecimientos ocurridos en dos largas etapas. Con un mandato de 16 años (1º de febrero, 1933 – 31 de diciembre, 1949), el General Tiburcio Carías Andino -fiel al dictado de Washington y obsequioso con el enclave bananero- acreció la dictadura en tres períodos sucesivos, dejando la mansión presidencial a consecuencia de presiones sociales y de sectores liberales y, a la verdad, por no convenir más su estadía a los intereses de EE.UU.
Le sucedió a Carías, quien era en su gabinete Ministro de Guerra, Juan Manuel Gálvez, ligado profesionalmente al empresariado frutero de la Costa Norte. No tuvo oposición en los comicios del 10 de octubre de 1948: dado el clima político predominante, el liberalismo y su candidato Ángel Zúñiga Huete resolvieron no votar, optando el dirigente opositor refugiarse tras los muros de la embajada cubana. De lo apuntado se infiere que, aunque matizada, la incidencia cariísta mantuvo sus efectos. Como jefe supremo del nacionalismo, el robusto general tremolaba la batuta, tanto que pulverizó los planes continuistas que conmilitones de Gálvez fraguaban en pro suyo, brotando del diferendo una ala cachureca con el plumaje de Movimiento Nacional Reformista, de caprichosa y efímera duración, pues al producirse el gane en las urnas del Dr. Ramón Villeda Morales -sucesor liberal de Zúñiga Huete- frustró -con los votos cariístas en el Congreso- el ascenso del médico acotepecano al solio gubernativo. Roto entonces el orden constitucional asumió la jefatura de Estado, pasada la medianoche del 5 de diciembre de 1954, el P.M. Julio Lozano Díaz, maniobra en la que sin duda hubo velada y visible intrusión de diputados, magistrados, militares, prensa y radio, terratenientes, comerciantes, en fin, la diplomacia del dólar.
El otro oscuro período en el cual estuvo involucrado el Partido Nacional, el lector lo tiene entre ceja y ceja: sí, el que tuvo como arranque los hechos de 2009. Las mismas fuerzas que impulsan el poder fáctico “hondureño”, apañaron los 12 años sin pestañear por serles propiciatorios, y en los cuales a la par iban sentando sus reales el narcotráfico, la corrupción estatal, la violación de derechos humanos y la más campante impunidad; asumiendo tal nivel de escándalo, que la justicia estadounidense impuso la remisión y el enjuiciamiento de Juan Orlando, o JOH a secas. Más cargoso que el legado de Carías, el del último cacique no sólo tiene en apuros al gobierno de Xiomara sino que a todo un país que arrostra una “fama infame”, arrastra una deuda inmensa y muestra el daño dejado por privatizaciones oscuramente entabladas.
Tres lastres más -la Fiscalía General, la cúpula judicial y las banderías bisagra- están en la mira del Congreso, en bien de la gobernanza necesaria para emprender -sin camisas de fuerza- aquellos cambios que permitan, al menos, reducir la pobreza, el desempleo, la insalubridad social, el crimen organizado, las caravanas migratorias, la carestía de la canasta básica, el costo asfixiante de la luz, el transporte, los combustibles.
Esta vez, la selección y elección de magistrados no pasará bajo la sombra del bipartidismo, y si bien la política tendrá insalvable injerencia de cuatro banderías, la gente espera que del Congreso salga una Corte Suprema de Justicia reconstituida con profesionales del Derecho más apegados a la diosa Astrea y no a Cacus, Saqueo o al rey Midas. Igual deseo suscita la elección del Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto. Por otra parte, no más partidos bisagra que facilitan el giro del fraude electoral y dan lugar a ambiciones políticas pigmeas, despojadas de firmas reales y votantes ciertos. Para estos y otros fines de utilidad democrática, urge eliminar la atribución de la Sala de lo Constitucional de dirimir conflictos atinentes al Tribunal Supremo Electoral, y dejar que este resuelva en exclusiva lo concerniente al campo y materia de su incumbencia.
